Aunque Joaquín Guzmán Loera está de nuevo encerrado y ha comenzado a delinearse su extradición a Estados Unidos, un sinfín de diligencias continúan pendientes en la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de la averiguación previa por aquella fuga del penal del Altiplano, el pasado 11 de julio.
Por lo menos seis órdenes de aprehensión a secuaces no han sido cumplimentadas; sigue en trámite un reporte oficial de los datos obtenidos en 216 equipos de comunicación, entre computadoras y teléfonos celulares y aún no ha culminado el seguimiento a casi 1,040 oficios con solicitudes de información a diversas autoridades del país.
Tampoco se han concluido por completo resultados y análisis de 250 dictámenes periciales en especialidades como grafoscopía, balística, medicina, genética y dactiloscopía forenses; criminalística de campo, telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, análisis de voz, video y retrato hablado.
REDES
Se trata en su mayoría de acciones ministeriales encaminadas no sólo a documentar las circunstancias del escape, sino a descifrar los esquemas de complicidad personal e institucional en torno al Chapo y las redes financieras u operativas del Cártel del Pacífico.
También están incompletas las líneas de investigación derivadas de alrededor de 300 declaraciones e interrogatorios y más de 60 inspecciones, así como los insumos criminales encontrados durante 25 aseguramientos y cateos en viviendas, casas de seguridad, predios, bodegas, laboratorios y pistas clandestinas, en especial en el denominado Triángulo Dorado, el cual comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
SIN RASTRO
Nada se ha sabido de tres personas arraigadas que fueron detenidas como sospechosas de incorporarse a la estructura delictiva.
Hasta antes de la recaptura, la madrugada del viernes 9 de enero, se habían cumplido 28 autos de formal prisión y órdenes de aprehensión: las principales en contra de Celina Oseguera Parra, coordinadora nacional de Ceferesos; Juan Carlos Sánchez García y José Daniel Aureoles Tabares, agentes del Cisen cuya tarea era monitorear al líder del narcotráfico y quienes supieron desde el mes de marzo que él buscaba comprar los planos del penal; Vicente Flores Hernández, jefe del Centro de Monitoreo; Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodios; Leonor García, directora jurídica de la prisión y los custodios Juan Ignacio Cuarenta Orozco y Esteban Estrada Ramírez, entre otros.
Además, el empresario poblano Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alías La Trilladora, buscado por la DEA por lavado de dinero y acusado de ser quien financió el escape del Chapo.
Quedaban pendientes otras seis órdenes de aprehensión. Las de Óscar Manuel Gómez Núñez, jefe del cuerpo de abogados de Guzmán e identificado como el coordinador de la fuga; Rigoberto Martínez Dávalos, ex convicto y quien se encargó de la compra del predio donde desembocaría el túnel; Lázaro Araujo Burgos El Juan, conocido como El señor de los túneles y quien diseñó la excavación de Almoloya y muchas otras en la zona fronteriza con Estados Unidos; Héctor Ramón Takashima Valenzuela, el piloto más adiestrado del cártel no sólo en las escapatorias, sino en el trasiego de droga hacia la unión americana; Edgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán y quien lo acompañó durante la huida; y Calixto Estrada Castillo, el dueño del terreno donde terminó el túnel y acusado de consentir una simulación jurídica para la sesión irregular de la propiedad. Sin embargo, en este último caso la falta de elementos probatorios le permitieron salir libre bajo fianza y con las reservas de ley.
La averiguación contiene una veintena de testimonios de internos —la mayoría altos jefes del narcotráfico— recluidos en las instancias próximas a la celda número 20, y la totalidad de sus denuncias tampoco han sido exploradas.
El expediente, con un sinnúmero de pendientes, consta de más de 60 tomos y 50 anexos.
El expediente, con un sinnúmero de pendientes, consta de más de 60 tomos y 50 anexos.
