Cuernavaca, Mor., 26 de julio.- Con el propósito de homologar costos por el servicio de grúas, y de ese modo bajar precios por el arrastre y pensión de autos enviados a los corralones, el Procurador de Justicia Rodrigo Dorantes Salgado firmó esta tarde convenios de colaboración con 14 prestadores del servicio, teniendo como testigo de honor a la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor.
“Es histórico que un Procurador de Justicia transparente un contrato de prestación del servicio”, reconoció el presidente de la Unión de Grueros del Estado, Eli Montejo Escobedo, quien junto con sus representados se comprometió, entre otras cosas, a colaborar en las labores de investigación del delito, al estar obligados a permitir el ingreso del personal operativo de la PGJ a los corralones para verificar la legalidad de los automotores bajo resguardo.
A partir de la suscripción de estos convenios con dos años de vigencia, pero susceptibles de ser renovados, “ya no tragará más pinole quien tenga más saliva”, añadió Eli Montejo, para resaltar que las tarifas a los automovilistas por el servicio de grúas son coincidentes con los establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El procurador Rodrigo Dorantes Salgado hizo hincapié en que además de dar transparencia a lo convenido con los prestadores del servicio de grúas, la homologación de costos evitará abusos y la doble victimización, puesto que los propietarios de vehículos que son enviados al corralón pagarán una sola tarifa por traslado o arrastre, el llamado “banderazo”, y una pensión diaria equivalente a un día de salario mínimo vigente.