En una medida que destaca por no tener precedentes en la historia reciente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sancionó y tomó el control de la fiscalización de la administración del gobierno de Sonora, tras encontrarse irregularidades en el cobro de impuestos, préstamos millonarios sin verificar el origen de su procedencia y omisiones en comprobantes de pagos en facturas a proveedores, realizados durante la pasada administración estatal, que estuvo a cargo del ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el organismo que encabeza Aristóteles Núñez notificó al gobierno de Sonora que a partir de hoy (viernes 20 de noviembre) y hasta el 31 de diciembre próximo, tomará a su cargo exclusivo el ejercicio de facultades de comprobación fiscal, “por incumplir con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal”.
Con ello el gobierno local quedará invalidado en lo que resta del año para ejercer facultades de comprobación fiscal y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes, por el tiempo que dure la sanción.
De acuerdo con el procurador fiscal en Sonora, Gerardo Avitia Encinas, la sanción provocará que el estado deje de recibir alrededor de 100 millones de pesos, correspondientes a incentivos fiscales, hecho que impactará en la administración local, pues quedará invalidado para pedir recursos federales para el desarrollo de sectores como educación, seguridad y salud.
El Diario Oficial agrega que el SAT, a través de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, realizó desde inicios del año una revisión exhaustiva a las actividades fiscales de Sonora, tras recibir tres denuncias anónimas donde se señalaron beneficios a 574 contribuyentes, provocando daños al fisco federal por mil 705 millones de pesos.
En su investigación fiscal, el SAT detectó que en los ejercicios fiscales del 2009 al 2014 se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia; se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas, omitiéndose el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas principalmente, así como actos de corrupción, “al autorizarse pagos en parcialidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e IVA”.
Desde octubre pasado, el SAT envió una notificación al gobierno de Sonora, en donde señaló “el incumplimiento a la normatividad para los efectos de las cláusulas novena y décima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”.
El organismo también aclaró que en los próximos meses fiscalizará a funcionarios públicos y a empresarios de la entidad, con el fin de detectar cualquier anomalía y sancionar a los que resulten responsables.
Aunque las autoridades no han revelado los nombres de los posibles “contribuyentes beneficiados por Sonora”, en medios locales han trascendido nombres como Javier Gándara Magaña, político y empresario mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), se desempeñó como presidente municipal de Hermosillo y fue candidato a la gubernatura de Sonora en las pasadas elecciones.
