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Romper brecha de desigualdad social, uno de los objetivos de la Ley de Amnistía

MÉXICO, 26 oct .-  La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez (PAN), aseguró que la Ley de Amnistía incorporará uno de los principales anhelos de la sociedad, que es la justicia y romper brechas de desigualdad que permean en México.

Durante el parlamento abierto “Ley de Amnistía”, destacó que una de las peticiones que más se hicieron durante los tres días de trabajo fue la protección a víctimas y la reparación del daño.

La diputada expresó su agradecimiento a los expertos que participaron y subrayó que las aportaciones enriquecen el criterio dictaminador de las comisiones unidas de Justicia, y la de Gobernación y Población. “Estoy segura que todos construiremos el mejor dictamen en beneficio de las y los mexicanos”.

“Nos quedamos con el apunte de todas sus inquietudes y argumentos jurídicos. Hago mías estas preocupaciones de llevar a cabo este proceso con estricto apego a los principios que rigen el sistema penal, el sistema constitucional y el marco jurídico”.

Subrayó que el parlamento abierto es un estado ideal de escucha y retroalimentación de quienes tienen la compleja labor de crear normas que regulan la vida social. “Estoy segura que en este ejercicio honraremos el tiempo y la participación de quienes nos acompañaron y generaremos las adecuaciones que esta iniciativa debe tener, tomando en consideración muchas de estas ideas”.

La diputada Rocío Barrera Solís, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, aseguró que en la construcción del dictamen de la Ley de Amnistía “no hay espacio para el error o la omisión en un tema que involucra la libertad de las personas”, a fin de lograr la paz que necesita México.

Se impulsarán reformas profundas y especializadas, aseguró, y se comprometió: “no serán improvisadas las modificaciones”. Todo lo que se ha comentado en el parlamento abierto, donde han participado más de 70 expertos, se hará realidad en el documento.

Consideró que no es justo mantener privadas de su libertad a personas que no requieren readaptación social. Es más grave el daño general del Estado al arrancar de la sociedad a quien no lo merece. Por ello, la amnistía se vincula con el pacto social y la manera en que se procura reconstruir el tejido social.

Permitirá readaptar un enfoque de efectiva reinserción y no punitivo. La justicia penal no equivale a castigo, sino a reparación y no repetición. No debe perderse de vista el sentido de la imposición de una pena, que no es el medio idóneo para reducir la criminalidad.

Este marco legal será benéfico si facilita la procuración de justicia, instrumento de protección a los grupos vulnerables excluidos y pobres, así como el respeto a los derechos humanos. Puede coadyuvar a descongestionar tribunales y reclusorios; sería un instrumento de pacificación nacional.

El segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Iván García Gárate, dijo que es importante que la propuesta considere la reinserción social, a fin de evitar que las personas beneficiadas nuevamente se enfrenten a situaciones que los lleven a conductas delictivas. Planteó analizar el tema de los centros penitenciarios en el sentido de repensar qué es la cárcel, cuál es el sentido del castigo y de las prisiones.

El representante de Vinculación Legislativa Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Francisco Cue Martínez, puntualizó que apoyan la iniciativa de ley; sin embargo, reconoció que lo más importante es despenalizar el aborto, porque en algunos estados es frecuente que se persiga o clasifique como homicidio en razón de parentesco o infanticidio, lo que significa penas severas.

De la organización civil Causa Común, José Francisco de Villa Soto opinó que, de la mano con esta ley, es necesario fortalecer las medidas cautelares y de política criminal, así como regular la reparación del daño. Respecto al aborto consideró importante incluir en la ley casos de homicidio culposo del producto.

De la Barra Mexicana de Abogados, Francisco Riquelme Gallardo propuso implementar políticas criminales de corto y largo plazo que permitan una mejor aplicación de los recursos humanos e institucionales en seguridad pública, procuración y administración de justicia.

Julio César Godínez Camacho, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, observó que la Ley de Amnistía debe incluir a los defensores del medio ambiente, adolescentes en conflicto con la Ley y los perseguidos por delitos de libertad de expresión. Afirmó que la propuesta no habla de consecuencias jurídicas, como el trato que se le dará a una persona ante registros administrativos en centros penitenciarios, así como el derecho al olvido en redes sociales o plataformas digitales.

La coordinadora internacional de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A. C., Verónica Garzón Bonetti, subrayó que la Ley de Amnistía excluye el homicidio en razón de parentesco, herramienta que criminaliza a mujeres que están en estado de emergencia obstétrica y sufrieron partos fortuitos o abortos espontáneos, lo que genera que autoridades estatales las criminalicen, por lo que es fundamental que se legisle al respecto. “No se puede hablar de justicia hasta que no se garantice que ninguna mujer volverá a ser condenada por haber decidido libremente sobre su cuerpo.

De la Red de Abogadas Indígenas, Dulce Patricia Torres Sandoval consideró importante incluir en la ley a los pueblos indígenas, la seguridad de las mujeres, empleo, migración, reparación del daño, y que el afectado cuente con un traductor que maneje un lenguaje jurídico.

Rubén Manuel Godínez Cerón, maestro en Derecho de la UNAM, y juez de ejecución de sanciones penales en la Ciudad de México, propuso modificar el artículo primero, fracción segunda, de la iniciativa, para definir el concepto de pobreza porque prevalecen diversos niveles de este fenómeno en cada región del país.

 

 

 

VP/NACIONAL/PG

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