Ojo Público
Por Norberto Hernández Montiel
Desde mediados del año pasado, la oposición en el Congreso de la Unión, formada básicamente por los partidos PRI, PAN y PRD, renunció a llevar a cabo el trabajo para el que fue electa, al iniciar la llamada “moratoria legislativa”.
En su incapacidad para legislar, la oposición anunció que votaría en contra de toda iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo o impulsada por la mayoría parlamentaria, e inició una estrategia que consiste en presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con ello, los legisladores de los partidos mencionados renunciaron a su función de discutir y aprobar o rechazar las propuestas de ley; se han limitado a utilizar la tribuna para lanzar ofensas y agresiones, más que análisis. Es necesario recordarles que fueron electos con la finalidad de que representaran a sus electores en el Poder Legislativo, integrado por las cámaras de Senadores y Diputados.
Además de faltar a sus obligaciones, por las cuales reciben un muy buen sueldo, pagado con nuestros impuestos, al presentar controversias constitucionales no sólo abusan de este recurso, sino están convirtiendo al Poder Judicial en un Poder Legislativo alterno, con el cual están evidentemente enlazados en forma por demás mañosa, en defensa de sus propios intereses, que son los de una minoría, tanto en el Congreso como en el país.
Fue lamentable espectáculo, a través del cual convirtieron al recinto del Senado en escenario de una piyamada, durante la cual bailaron y simularon posturas sexuales, en una fiel representación de su manera de actuar.
Eso ocurrió después de que tomaron la tribuna. Así, los electores pudimos ver claramente la grotesca forma en la cual la oposición ve su labor, que debería ser legislativa. Al contrario, para ellos se trata de una farsa representada ante el mundo, sin recato alguno.
Poco después de su maniobra, mientras la mayoría sesionaba, la senadora panista Xóchitl Gálvez se encadenaba a la silla de la Presidencia del Senado, en el recinto de Xicoténcatl y su par, Damián Cepeda, observaba la aprobación de 20 leyes, entre las cuales se hallan la legislación en materia de minería, la de ciencia y tecnología (que por cierto no desaparece al Consejo Nacional de Ciencia Tecnología, Conacyt, como aseguraba la oposición), y la que fortaleció las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional para proteger nuestro espacio aéreo.
Si ponemos en una balanza la veintena de leyes que se aprobaron y las comparamos con el origen del sainete panista, que fue el nombramiento de Ricardo Salgado Perrilliat como comisionado al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), podemos darnos cuenta de que no hay comparación.
Es curioso el grito “¡queremos transparencia!” coreado por la oposición cuando estaban tomando la tribuna del Senado, contrasta con su candidato, porque Salgado Perrilliat ocupó, entre otros cargos, el de director de Asuntos Jurídicos del Instituto Federal de Acceso a la Información, predecesor del INAI, de 2011 a 2014, cuando se acusó de mayor opacidad a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, quien terminaba su sexenio y el entrante, el de Enrique Peña Nieto.
No obstante, hubo algo más. Querían a Salgado Perrillat como cabeza de playa en el INAI, con el fin de utilizar a este organismo como están usando a la SCJN, a través de la magistrada Norma Piña. Así se explica que la oposición se haya indignado porque la mayoría rechazó a Salgado Perrilliat, en votación durante el pleno del viernes pasado.
Como senadores, los panistas deben saber que las votaciones se pueden ganar o perder y ellos perdieron, por lo cual no había motivo para su indignación. Como partidos, en el pasado impusieron su mayoría con el fin de aprobar legislaciones que llegaron a ser lesivas para la soberanía nacional, como la llamada reforma energética, por poner sólo un ejemplo.
Ahora, ante el fracaso de su propuesta, llevaron su exigencia otra vez ante el Poder Judicial encabezado por Norma Piña, una magistrada que con el pretexto de defender la separación de poderes ha avalado muy controversiales actuaciones de jueces, por decir lo menos. Hay multitud de amparos en favor de personajes como Rosario Robles Berlanga, Juan Collado o Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna.
Hace tiempo cuestionábamos: Si los mexicanos pudiéramos elegir, a jueces, magistrados y todo el aparato judicial, del mismo modo que lo hacemos con los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero además existiera, en estos casos, la posibilidad de revocarles el mandato, ¿seguirían comportándose como lo hacen?
Complementariamente preguntamos: Para qué votar por partidos cuyos representantes, presuntamente populares, están muy lejos de ejercer su trabajo, que consiste en debatir seriamente, presentar iniciativas de ley, votar lo que conviene a nuestro país, no a un grupo.
Al parecer, también es sumamente necesaria a una profunda reforma al Poder Judicial, con el fin de que responda al interés de la ciudadanía y no de una minoría que no obtuvo el respaldo mayoritario en las urnas y debería participar en tribuna para presentar propuestas, análisis, en lugar de injurias y farsas.
Al contrario, esta minoría, al no lograr lo que quiere, pone la legislación en manos de una Suprema Corte de Justicia que desde el inicio de la gestión de la magistrada Norma Piña ha demostrado que sirve a intereses cupulares.