Ojo Público
Por Norberto Hernández Montiel
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, la primera acepción de dictadura es la siguiente: “Régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.
En el contexto que vivimos, esta definición bien se puede aplicar al Poder Judicial en nuestro país. ¿Parece una exageración? Veamos.
Vamos a revisar sólo una parte del discurso que la ministra Norma Piña, quien ocupa la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó en el Congreso Mundial de Leyes (World Law Congress), nada menos que en Nueva York, Estados Unidos.
Piña aseguró, en este cónclave, organizado por la Asociación Mundial de Juristas: “En mi país, pero no solamente en mi país, sino en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial; pretenden mermar, a veces de formas sutiles, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales”.
En su opinión, “la independencia (del Poder) Judicial brinda a nuestros jueces un espacio de libertad y seguridad para dedicarse a asegurar procesos y decisiones justas”. Entre las últimas hazañas de ese poder está el amparo para Raúl Beyruti Sánchez, llamado con razón “El rey del outsourcing”, una práctica que atropella los derechos de los trabajadores y permite que laboren en condiciones de subcontratación para empresas diferentes a las que los contrataron.
Como uno de estos “procesos y decisiones justas”, el empresario, que se halla prófugo y está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por 4.3 millones de pesos, fue amparado por el juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, quien ordenó invalidar la orden de aprehensión, con base en información amablemente proporcionada por mi colega Roberto Hernández.
Este es sólo un botón de muestra. En otros momentos nos hemos referido a los intentos de “sabadazo”, a través de los cuales diversos jueces han tratado de excarcelar a delincuentes como Héctor “El Güero” Palma; el descongelamiento de las cuentas a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, hallado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos.
Volvamos al discurso de Piña: “Lamentablemente, la experiencia de la región, en relación con la merma de la independencia judicial, como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales nos enciende focos rojos. La historia se repite, y con ello la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes, bajo las reglas, únicamente, de las mayorías”. Cuando la SCJN sesiona y decide, ¿no lo hace por mayoría de votos? Sus resoluciones deberían aprobarse revés, y satisfacer lo votado por la minoría.
A través de este dislate, la ministra Piña confesó cuál es la base de su actuación y por qué sus cófrades han amparado a delincuentes y dictaminado en favor de los partidos que se han negado a ejercer su función legislativa. Es prudente preguntarnos en qué consiste la democracia. ¿No es el gobierno que representa a las mayorías?
Sólo en esa lógica absurda se entiende que el Poder Judicial, a través de la SCJN, se ha otorgado a sí mismo la facultad de legislar en favor de una minoría que se solaza no sólo en lo que ellos llamaron “moratoria legislativa”, sino en presentar ante esta instancia toda suerte de controversias constitucionales, con la seguridad de que se les concederá lo que no ganaron en el Congreso de Unión.
La ministra Piña prosiguió, ahora en papel de víctima: “La historia no miente. El discurso de odio, los argumentos sin razón, las constantes críticas, la adjetivización (sic) y descalificación del quehacer de los jueces y juezas nunca han sido buenos consejeros. De esta dimensión es el reto que enfrentamos las sociedades contemporáneas”.
¿Lo arriba escrito quiere decir que el Poder Judicial es infalible e incorruptible? Es indispensable recordar que ella misma preside el Consejo de la Judicatura, el cual tiene como obligación revisar y sancionar que todos los integrantes del Poder Judicial obren conforme a derecho. ¿En manos de quién se halla esta super presidencia del Poder Judicial?
En su discurso, la ministra Piña se ubicó a sí misma y sus colegas en los contextos regional y mundial. Vemos entonces que estamos ante una trama de esas dimensiones, y en ese caso podemos adjudicar la misma mentalidad a quienes asistieron al Congreso Mundial de Leyes.
Así se explican las acciones, justificadas “legalmente”, en contra de los mandatarios o ex mandatarios Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil; Cristina Fernández, de Argentina; Evo Morales, de Bolivia; José Pedro Castillo Terrones, de Perú. Esto únicamente para recordar a los más recientes.
Con el fin de dar un mejor contexto respecto al tema, resulta muy interesante la lectura del libro “El lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley”, de la politóloga española Arantxa Tirado Sánchez, el cual, por cierto, presentó, en su momento, en compañía de la autora, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, en octubre del año pasado.
Ahora podemos ver con mayor claridad por qué la ministra Norma Piña se atrevió a hablar de democracia constitucional, cuando la SCJN que ella preside pretende erigirse en poder de poderes, sobre el Ejecutivo
y el Legislativo. Además, ella misma dejó claro que estamos frente a una organización internacional de derecha que pretende anular las decisiones democráticas de los pueblos de América Latina y el mundo.