Pablo Moctezuma Barragán

Gran triunfo del pueblo panameño contra minera canadiense. La Corte Suprema de Panamá revocó, el 28 de noviembre, la polémica ley 406, normativa que permitía la concesión de la mayor mina de cobre de Centroamérica a una empresa de Canadá, la First Quantum Minerals, luego de intensas movilizaciones en el país. Fue una gran victoria de los movimientos sociales y populares en Panamá en contra del extractivismo y los abusos de las corporaciones norteamericanas. Costó meses de luchas en diferentes ámbitos del país y cuarenta días de intensa movilización que tuvo que enfrentar la brutal represión policiaca, así el pueblo en pie de lucha logró presionar para revocar la ley que ya había sido aprobada por el Congreso de ese país, actuando de espaldas a su pueblo para satisfacer a las corporaciones extranjeras. Esa corporación explota desde 1997 la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica y se le considera un enclave neocolonial. El avance de las políticas extractivistas en la región también ha tenido un impacto sobre el reconocimiento y la tenencia de tierras de pueblos originarios y comunidades locales.
La decisión se tomó luego de que las protestas estallaron el 20 de octubre y paralizaron al país casi por completo. El fallo fue dictado, el día en que Panamá conmemora su independencia de España.
Durante las últimas semanas, la atención del país se concentró en la Corte donde se discutía la validez de la ley. Ambientalistas, docentes, obreros de la construcción, artistas, campesinos, estudiantes, pueblos indígenas, abogados, académicos, entre otros, hicieron vigilia frente al Palacio de Justicia Gil Ponce, ubicado en Ancón, para pedir la inconstitucionalidad del contrato. Con música, tambores y consignas que decían: “Esta Patria no se vende, esta Patria se defiende”.
Los sindicatos obreros jugaron un papel central, todos se movilizaron, en particular el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE). Sin duda ellos han sido el motor de la movilización a escala nacional. Las y los maestros se declararon en huelga desde el 23 de octubre y siguieron su lucha a pesar de que el Ministerio de Educación les retuvo su salario de la segunda quincena de noviembre. Su huelga indefinida fue acordada en rechazo al contrato minero firmado entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A. y así, los 17,500 maestros fueron un motor para el movimiento social que triunfó a pesar de la represión estatal. Cuatro personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden y alrededor de 1,500 aprehendidas por la Policía Nacional a partir del inicio de las manifestaciones contra la Ley 406. Los educadores Abdiel Diaz Chávez e Iván Rodríguez Mendoza, fueron ultimados a tiros el pasado 7 de noviembre en medio de un bloqueo vehicular en la provincia de Panamá Oeste. En este tipo de agresiones, se involucraron autoridades locales de distintas regiones, como parte de una campaña de desprestigio hacia la protesta social. El fotoperiodista, Aubrey Baxter, miembro del colectivo Ya es Ya, el 19 de octubre recibió el impacto de un proyectil en su ojo derecho y perdió la vista. En Panamá, las denuncias de abuso de la fuerza policial se incrementaron en medio de las protestas masivas que vivió el país.
Las protestas que generaron parálisis económica por los bloqueos que efectuaron los activistas, también obedecen a los impactos ambientales de la minera que está ubicada en un espacio protegido al que están contaminando. Entre los días 13 y 16 de junio, en la Ciudad de Panamá, se efectúo la Primera Semana Climática Mesoamericana, donde líderes de pueblos originarios y comunidades locales dieron a conocer sus experiencias en defensa del agua y el territorio, resiliencia climática, recursos biológicos y la diversidad cultural.
La movilización fue efectuada por todos los sectores de la población, tanto rurales como urbanos, en las diez provincias de Panamá salió la gente a las calles a exigir el cierre de la minera y el fin del leonino contrato con First Quantum, del cual Panamá no obtiene casi nada.
En los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, mucha gente que estaba en plantón esperando el anuncio de los magistrados, siguieron atentamente la transmisión del mensaje a través de sus teléfonos celulares, a través de la cuenta de Youtube del Órgano Judicial hasta escuchar el anuncio del fallo por parte de la magistrada presidente María Eugenia López Arias, acompañada por los otros ocho ministros que conforman el pleno, la votación fue unánime. Por lo menos 25 artículos de la Constitución son violentados en el contrato, de acuerdo con el fallo.
Al conocerse el fallo de la Corte, los festejos se multiplicaron por todo el país, en las calles y en redes se decía que no sólo se celebraba en esa fecha la independencia de Panamá de España, sino también de Norteamérica. La multitud eufórica celebró con gritos y saltos de alegría, además de entonar el himno nacional de Panamá. Una vez que la Ley 406, considerada “una afrenta”, se declaró inconstitucional, se procedió a su publicación en la Gaceta-Oficial, quedando expulsada del sistema que rige al país dicha ley. El contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor general Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre ¡todo el mismo día! Y así se aprobó el contrato ilegal de forma oscura, sin debate, en sesiones nocturnas y sin cumplir los requisitos de Ley, lo que indignó de inmediato a la población que ya está harta de la corrupción de la clase política que ya había sido develada con el escándalo de los “Papeles de Panamá”.
El derrotado presidente panameño, Laurentino Cortizo, que está en su último año de gobierno y enfrenta elecciones en seis meses, afirmó en redes sociales que acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Con este fallo, el Ejecutivo tendrá que ordenar, en el corto plazo, el cese de las operaciones de la mina. Además, pidió la renuncia al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, responsable de la firma del contrato espurio. El sindicato Suntracs calificó el resultado emanado de la Corte de victoria popular y de un triunfo del pueblo en la calle. Al haber alcanzado su demanda los manifestantes comenzaron a levantar algunos bloqueos de carreteras y avenidas.

La lucha del pueblo panameño, silenciada por los grandes medios de comunicación, es ejemplar y muestra lo que puede hacer la unión, la organización y las posturas firmes en defensa de los derechos nacionales y populares. Esta gesta merece ser aplaudida y difundida, pues marca pauta a los pueblos de Latinoamérica y El Caribe.