Aunque Pese
Por Salvador Martínez G.
Aunque no se logró la detención de José Antonio Yépez, ampliamente conocido en el mundo del crimen organizado como El Marro, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que comanda, recibió un golpe que parece mortal.
La detención de 26 personas entre ellas la mamá de El Marro, su hermana y su prima generó bloqueos urbanos y carreteros en al menos 15 municipios, y sólo en Celaya se incendiaron 21 vehículos.
Guanajuato es el centro del reino huachicolero de CSRL que obtenía ingresos por cerca de 2 millones de pesos diarios por la sustracción ilegal de gasolina y diésel de los ductos de Pemex, con lo que se formó una vasta red delincuencial que derivó también en secuestros, extorciones y narcomenudeo.
Su poderío se devastó el sábado, al grado de que el mismo salió en videos difundidos en YouTube para lanzar improperios y amenazas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Gobierno Federal, pero con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, lo que denotaba su derrota.
El férreo combate al huachicoleo iniciado por el Gobierno del Presidente López Obrador mermó la fuerza de El Marro, a cuyo grupo se le congelaron cuentas bancarias para disminuir su potencial de financiamiento, que ahora ha sido aún más disminuido con las detenciones del fin de semana.
Se esperan aún fuertes reacciones de Yépez, pero ya como las de un tigre herido e incluso se habla de que busca aliarse al Cártel de Sinaloa, en busca de protección.
El capítulo deberá cerrarse con la detención de El Marro en estos días, porque dejarlo reabastecerse podría significar un grave riesgo de violencia para Guanajuato, hoy por hoy la entidad con más homicidios dolosos de la República.
SUSURROS
En un plazo no mayor de cuatro años, de acuerdo a lo estipulado en el T-MEC, deberán hacer cambios legislativos para integrarse a las condiciones del Acta de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, del año 1991, conocida como Upov91.
Esto podría parecer nimio, pero podría generar un grave daño a la producción agrícola en el país, pues se prohibiría el libre intercambio de semillas entre los productores, a quienes se les obligaría a pagar patentes y regalías a las grandes empresas monopólicas trasnacionales que detentan los registros de las distintas variedades de vegetales naturales.
Se establecerían sanciones a quienes no paguen regalías, que incluyen la destrucción de sus cosechas y hasta cárcel a los agricultores. Habrá que ver como resuelve el Gobierno esta amenaza que sometería al campesinado mexicano al arbitrio y presión de las multinacionales.
¿Se atrevería Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a hacer un pronunciamiento al respecto?