“Injustificable y alarmante”: ¿qué riesgos supone la censura en redes sociales desde Washington?

En los últimos días, dos sucesos echaron por tierra la narrativa oficial del Gobierno de Joe Biden sobre su defensa acérrima de los valores democráticos, que presuntamente estarían siendo atacados por diferentes actores mundiales y que, desde su propia perspectiva, la Administración demócrata es la única encargada de defender.

El primero fue protagonizado por un juez del distrito federal de Luisiana, que prohibió cautelarmente a las agencias del Gobierno de EEUU mantener contacto con plataformas digitales luego de encontrar, según su fallo, “pruebas sustanciales” de una campaña de censura de gran alcance” y “un escenario casi distópico” en que el Gobierno de Biden había actuado como el “Ministerio de la Verdad” en la novela 1984 de George Orwell.

La sentencia, entre varios otros delitos, describe presuntas acciones en que el Gobierno estadounidense habría incurrido para suprimir información y que el juez dictamina que se trataron de episodios de censura, como el pedido de remover publicaciones sobre el coronavirus o denunciando el accionar del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, atribulado.

Unos días después, un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes denunció que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en lengua inglesa) ayudó al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a censurar determinadas cuentas en redes sociales en el último año.

De acuerdo al documento, basado en información obtenida a través de citaciones enviadas a Meta,* que gestiona Facebook, Instagram y WhatsApp, y Alphabet —la empresa matriz de Google y YouTube—, el FBI y el SBU marcaron cuentas de periodistas y el propio canal en ruso del Departamento de Estado en la plataforma Instagram en un esfuerzo por censurarlas.

Estas revelaciones se enmarcan en el debate que se viene dando en los últimos años sobre los límites de la libertad de expresión en internet y la presunta censura por parte de las empresas de Silicon Valley a cuentas y medios que no se adhieren al punto de vista y las ideologías de los centros de poder, evidenciada en la publicación de documentos internos de la era pre-Elon Musk de Twitter, evidenciando un sesgo con inclinación por el Partido Demócrata.

Según el especialista, la Administración demócrata enarbola el combate a la desinformación y la defensa de la verdad como un “pretexto” para suprimir información e “imponer una sola opinión, una visión única del mundo, en lugar de alentar una pluralidad de voces, que es lo que haría una verdadera democracia”.

Caloca calificó esta del Gobierno de Biden actitud de “alarmante”, ya que “por fines ideológicos o por favorecer a un actor involucrado en un conflicto se entra en un contubernio con plataformas sociodigitales para buscar la censura”.

Sin embargo, aclara que condenar el accionar “injustificable” de gobiernos como el de EEUU para censurar información no significa que el escenario ideal sea la autorregulación de la plataformas.

“Es necesario defender la libertad de expresión como también entender que es importante que la ciudadanía tenga mecanismos para denunciar expresiones de odio u hostigamiento en las redes, o incluso que se aclare que la información publicada en redes no puede ser corroborada o que proviene de determinado actor interesado”, afirma.

“Las plataformas no deberían tener las facultades para simplemente borrar o censurar contenidos, sino que tendrían que recurrir a otro tipo de mecanismos que alertaran que esa información puede no ser veraz, o que esa información proviene de un actor con un sesgo ideológico, pero evitando la censura ni el control, ni mucho menos haciendo desaparecer cuentas o desaparecer mensajes”, evaluó.

“Eso no lo pueden hacer los privados, ni tampoco las instituciones públicas con mecanismos opacos, que no transparentan ningún tipo de criterio detrás de la censura, como el caso del gobierno de los EEUU”, concluye.