En la Universidad Nacional queremos actuar en contra de la impunidad, pero sin actitudes autoritarias; que la sociedad reconozca que frente a problemas como el actual, existen respuestas que van más allá del solo uso de la fuerza, que tienen que ver con la aplicación de la autoridad moral de una comunidad orgullosa de los valores y principios que la caracterizan. Demostrar que frente a los jóvenes, antes que con la fuerza, se debe actuar con la palabra y la razón, estableció el rector de la UNAM, José Narro Robles.
Al leer un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana en torno a los recientes hechos en el CCH, dijo que desde el inicio el Colegio ofreció diálogo, pero la respuesta no pudo ser menos universitaria: la toma violenta de las instalaciones y de otras dependencias, con lo que se afectó el trabajo de muchos.
A pesar de la actitud asumida por los integrantes del grupo, que actuaron embozados y con violencia, las autoridades propusieron reiteradamente el diálogo para explicar y documentar las causas de las expulsiones y las denuncias, y aclarar el supuesto problema con la actualización del plan de estudios, añadió en la Sala Uno de la Planta Principal de la Torre de Rectoría.
Al hacer un recuento, Narro Robles recordó que el primero de febrero, un grupo de alumnos del CCH Naucalpan golpeó a varios trabajadores administrativos dentro de las instalaciones. El director del plantel procedió, con apego a la legislación, a levantar las actas y expulsar a los seis jóvenes identificados como los agresores, quienes fueron notificados de la medida disciplinaria el cinco de febrero.
Como expresión de su inconformidad y en compañía de otros alumnos originalmente no sancionados, prepararon públicamente algunos objetos incendiarios que hicieron estallar, además de prender fuego a las oficinas de la Dirección del plantel y amenazar, lesionar y poner en peligro la seguridad de los integrantes de la comunidad. De todo esto existen evidencias contundentes. Diez de los agresores fueron puestos a la disposición del Ministerio Público, frente a quien se hizo la denuncia penal correspondiente, precisó.
Por otra parte, abundó, desde hace más de un año las autoridades del Colegio decidieron emprender la actualización del plan y los programas de estudio. Se partió de una convicción: respetar los principios educacionales que dieron origen al CCH, y hoy vigentes.
La actualización de los planes de estudio es una práctica regular de la Universidad Nacional, establecida en la legislación vigente, además de que la ocasión más reciente de revisión en el Colegio fue en 1996, por lo que toca al plan de estudios, y en 2004, por lo que corresponde a los programas de las asignaturas, citó Narro Robles.
A fines de enero pasado se convocó a una marcha de protesta para recordar los hechos que afectaron a la UNAM en 1999 y 2000, y para expresar desacuerdos con el proceso de actualización referido. A las consignas y demandas derivadas de lo anterior, se sumó la exigencia de retirar las expulsiones y las denuncias formuladas por la institución y los afectados.
Frente a esta posición, la directora General del Colegio ofreció dialogar con integrantes de la marcha de protesta. La respuesta fue la toma violenta de las instalaciones y de otras dependencias. Como en los otros casos, esta casa de estudios presentó la denuncia de los hechos frente al Ministerio Público.
Incluso, continuó, para evitar que se justificaran los hechos violentos a partir del ejercicio académico de actualización en curso, la máxima autoridad colegiada del CCH, el Consejo Técnico, acordó ampliar el proceso de consulta hasta el 30 de noviembre, además de comprometer, una vez más, la organización de un proceso incluyente y participativo, y que la propuesta que se elabore sea puesta a la consideración de la comunidad académica correspondiente para su discusión final.
Los estudiantes del CCH tienen el derecho de expresarse con libertad en torno a los temas que conciernen a la actualización del plan de estudios. La participación de maestros y alumnos en la tarea es imprescindible.
Narro Robles sostuvo que la Rectoría ha actuado, y actuará con firmeza, pero con prudencia, con apego a la legalidad, pero sin extremismos equivalentes a los realizados por el grupo violento.
“Algunos nos sentimos afectados por la incomprensión de quienes asumen una actitud ligera y superficial, por decir lo menos, en el momento que expresan que un problema como éste se puede resolver fácilmente con la aplicación de la fuerza. Parece que las experiencias previas les han pasado de noche”, expuso.
Se ha tratado de actuar con sensibilidad y con prudencia, prosiguió, pues ante escenarios complejos y de enorme riesgo, como el que se enfrenta, las autoridades universitarias no deben reaccionar de manera impulsiva.
La imagen que de esta casa de estudios se ha proyectado, de ninguna manera corresponde a la que cotidianamente, con su trabajo, genera la mayoría de los académicos, estudiantes, trabajadores y egresados.
Bajo ninguna consideración y en ningún caso, la violencia puede tomar parte en la solución de los problemas. Por ello, es indispensable distinguir entre la protesta en el terreno académico y político, totalmente válida, y la agresión a integrantes de la comunidad, la destrucción de instalaciones, la sustracción de bienes personales e institucionales y la puesta en riesgo de la integridad física de otros universitarios, que debe rechazarse con toda energía y sin consideración alguna, concluyó.