En México se estima que durante 2012 el monto de dinero lavado ascendió a 10 mil millones de dólares, lo que representó el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Así lo señala el documento “Lavado de Dinero”, estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México, publicado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.
El estudio menciona que según la SHCP, sólo en el primer trimestre de 2003 el monto de lavado de dinero tuvo un equivalente al 3.06% del PIB; posterior a este periodo y hasta el segundo trimestre de 2009, el porcentaje de lavado de dinero equivalente al PIB fluctuó entre el 1.5% y el 2.4%.
“Estas cifras obedecen a la situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero, desencadenado que se deban combatir de forma legal”, agrega el estudio.
Un instrumento para ello es la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
Esta ley se encuadra en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades delictivas mediante acciones que impidan a las organizaciones delictivas disponer de sus ganancias.
De acuerdo al diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial. Entre los delitos precedentes al lavado de dinero en el ámbito internacional se ubica el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; de personas; obras de arte; animales, así como tráfico de drogas y corrupción, extorsión y secuestro. “Los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra” resalta el estudio.
Señala que en relación a algunos países de América Latina, México se encuentra por debajo de Perú respecto al porcentaje del PIB que representa el lavado de dinero, pues éste último reporta el 4.4% al 2011, con relación al 3.6% que se ha mencionado para México en 2012.
Afirma que si bien los países cuentan con una legislación específica, se tiene que recurrir a los complementarios dados lo complejo que resulta este delito; sin embargo, se encuentra tipificado generalmente en el Código Penal.
Explica que el medio para llevar a cabo las operaciones con recursos de procedencia ilícita es el sistema financiero; de ahí, la cantidad de ordenamientos jurídicos y disposiciones que regulan las instituciones encargadas de implementar y ejecutar las medidas para detectar cualquier actividad que pueda favorecer la comisión de este ilícito.