- De 2021 a 2023, en los procedimientos de contratación de dichos servicios han participado 158 empresas, de las que 121 resultaron contratadas.
- Ha impuesto sanciones a 13 proveedores de esos servicios, por realizar acuerdos para repartirse ilícitamente las partidas de licitaciones.
- Las sanciones son 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años y multas por un acumulado de cerca de 2 mil millones de pesos.
- La SFP revisa la situación de los licitantes para verificar si existe alguna situación de simulación y acompaña los procesos licitatorios mediante diversos controles.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó esta mañana que en el sector Salud, de 2021 a 2023, en los procedimientos de contratación de los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre han participado 158 empresas, de las que 121 resultaron contratadas 89 y 32, respectivamente.
Al respecto, detalló que se ha detectado que, de ellas, 19 empresas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración, al haber realizado acuerdos para repartirse ilícitamente las partidas de licitaciones, por lo que se han impuesto sanciones a 13 de esos proveedores y de las restantes hay 23 expedientes de investigación en curso.
Al participar en la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario Salcedo Aquino precisó que las sanciones consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en contrataciones públicas. Las multas suman un monto de mil 953 millones de pesos.
El secretario Salcedo Aquino detalló que, de las 24 sanciones por inhabilitación y multa, ocho se encuentran firmes y 16 están en revisión por parte de los juzgadores, debido a que las empresas, en uso de sus derechos, han interpuesto diversos medios de defensa, como son amparos y recursos para impedir que las sanciones cobren plena vigencia, lo que les permite continuar participando en los procedimientos de contratación.
Expuso que la SFP revisa la situación de los licitantes para prevenir alguna simulación, debido a que se tienen dudas sobre algunas empresas que, presuntamente, para eludir las sanciones, utilizan filiales y/o el cambio de su razón social para poder seguir participando en contrataciones públicas.
Al respecto, señalo que está en estudio un proyecto de reforma legislativa para que sea posible identificar de manera eficaz y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas, a fin de evaluar y evitar la elusión de las sanciones.
El secretario Salcedo Aquino refirió que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la SFP debe orientar y promover en las empresas la instrumentación de controles internos y programas de integridad para asegurar el desarrollo de una cultura ética, para lo que puso en operación el Padrón de Integridad Empresarial, que es un mecanismo en el que se registran las empresas que cuentan con una política de integridad conforme al artículo 25 de dicha ley. En el presente año se han atendido más de 100 solicitudes de inscripción en el padrón y se ha autorizado el registro de 27 empresas.
Concluyó subrayando que con los controles que se aplican en los procesos de licitación y contratación, y con la implementación del Padrón de Integridad Empresarial, la SFP actúa para garantizar que los servicios médicos se realicen con eficacia y honestidad.