La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Como no somos taladores clandestinos, cuya tarea es hacer leña del árbol caído, consta en diversas publicaciones en que colaboramos que la crítica a los hombres de poder la hemos planteado precisamente cuando están en ejercicio del poder. No lanzamos pedradas al matorral después de conejo ido.
Señalamos con terca frecuencia que los mercadólogos de Enrique Peña Nieto abandonaron la Comunicación política para construir opinión pública con base en el spot inane, tratando de hacer penetrar el mensaje por su velocidad y repetición, y no por su veracidad; ni siquiera por su verosimilitud.
Una constante del “discurso” peñista fueron los records y los máximos históricos para tratar de implantar la idea de que su administración fue mejor que la de sus antecesores.
A mitad del sexenio, cuando ya las encuestas revelaban la baja aceptación de la gestión del mexiquense, éste lanzó una especie de lema: Lo bueno casi no cuenta, pero cuenta mucho. Las reacciones en las redes sociales fueron demoledora. Peña Nieto insistió hasta el fin de su sexenio: “Seguir contando lo bueno”.
Records, dijimos antes. Está ampliamente documentado que 2018 fue un año, francamente, de crisis humanitaria en México, retratada en tres políticas públicas, seguridad, justicia y salud:
Ejecuciones con arma de fuego, desapariciones forzadas, tortura, explotación y abuso a migrantes, cementerios clandestinos, violencia de género, trata de personas, atentados contra periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Porque el dato nos subleva, lo apartamos: 17 mexicanos comprometidos con la Libertad de Expresión y la solidaridad con el prójimo, fueron abatidos.
Por la Justicia y el Estado de derecho
Aun como mero enunciado, y dado el estado de emergencia nacional que vive México, gratifica que el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo (PDN) se presente bajo el rubro Justicia y Estado de derecho.
La percepción preliminar de esa idea fuerza nos induce a suponer que el primer compromiso de la cuarta transformación es volver a colocar el entramado institucional todo en los términos de un régimen de legalidad, tan ancho y profundo como sea deseable y tan realista y eficaz como sea posible.
En el centro de gravedad de estas notas situamos el imperativo de observancia de los Derechos Humanos, cuestión legislada en el proceso de la Reforma Constitucional de 2011 y sustanciada en el artículo Primero de la Carta fundamental.
Con independencia de los motivos, diagnóstico, objetivos y metas del PND, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal delega en la Secretaría de Gobernación la competencia de coordinar a los titulares del resto de las secretarías encargadas de despacho.
Para ese efecto, señalamos específicamente la restituida Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en cuyo ámbito queda la política penitenciaria del Estado mexicano.
No por accidente, subrayamos un dato auspicioso: La secretaría responsable de la política interior ha sido confiada a la doctora Olga Sánchez Cordero, quien viene directamente del Tribunal Constitucional, a cuyo cargo queda el control de la constitucionalidad del poder político en México.
La doctora Sánchez Cordero, egresada de la UNAM, destaca en el campo de administración de Justicia desde su ingreso como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Federal. Despachó veinte años como ministra de la Corte (1995-2015).
Antes que la opinión del público, está el deber constitucional
Tomamos como referencia uno de sus ensayos a propósito de la Constitución y los Tratados Internacionales/ Un acercamiento a la interpretación jurídica de la jerarquía de las normas y aplicación de los tratados en la legislación nacional.
Una profesión de responsabilidad institucional: Los jueces no nos regimos por la opinión mayoritaria del público ni de la sociedad, sino por una obligación constitucional, dicho en el caso de Florence Cassez, juzgada y liberada, no por ser inocente, sino por violación al debido proceso.
Merece destacarse el punto, porque tiene que ver con la presión que ejercen los prejuicios sociales y de la opinión pública en el fuero interno de los juzgadores a la hora en que formulan y emiten sus sentencias. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, concluyó Albert Einstein.
Constitución mexicana y convencionalidad
Respecto de los Tratados Internacionales de los que es parte del Estado mexicano, no es ocioso recordar que, en la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, una constante fue la homologación de jerarquía de las normas constitucionales nacionales y los aportes de la convencionalidad internacional.
En el iluminante compendio Derechos Humanos en la Constitución/ Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana (2013), al prologar la obra el entonces ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza escribió, a saber:
La operación interpretativa que los jueces de todos los ámbitos, niveles y materias estamos llamados a ejercer, tendrá que desembocar en una interiorización responsable de todas estas cartas de derechos y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos integrándolos a la normalidad de los órdenes jurídicos nacionales.
Quizá, la magnitud del reto pueda equipararse al cambio de paradigma que significó para la justicia federal el largo proceso de transformación descrito en estas páginas. Obviamente, las del compendio citado.
Impostergable, la exigencia de una nueva cultura jurídica
Previamente y ya hecha la publicación de la reforma de 2011 con sus leyes secundarias, empezó a plantearse la exigencia de una nueva cultura jurídica; una incitación particularmente a juzgadores de la vieja escuela, anclados en esquemas de pensamiento en muchos casos decimonónicos, definitivamente imposibles de conciliar con las concepciones modernas del Estado de derecho.
No sabemos hasta donde haya avanzado el imperativo de una nueva cultura jurídica en materia de Derechos Humanos. Si sabemos en cambio que, en recientes horas, el nuevo ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar acaba de reconocer que, en el campo jurisdiccional, prevalece aún la corrupción.
Ejecución penal desde los Derechos Humanos
Nos topamos ahora, en nuestra tarea editorial, con un tema de suyo controversial desde el punto de vista de los prejuicios culturales y sociales que citamos antes.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, recientemente hizo pública su propuesta general 1/ 2018 bajo el título La ejecución penal desde los Derechos humanos.
En la gaceta DFensor, de la propia institución, se aborda el tema bajo el rubro genérico Sistema de Justicia de Ejecución Penal/ Reinserción social y derechos humanos.
Controversial la cuestión, porque el objeto de los ensayos son las personas que han sido privadas de su libertad por la comisión de delitos de diversa naturaleza; víctimas, condenadas o no, a una odiosa discriminación.
El análisis de entrada corresponde a la autoría del profesor Iván García Gárate, visitador de dicha Comisión: Ejecución penal: Cambios de paradigma y cultura jurídica.
Cita el autor al teórico social francés Michel Foucault y su obra La verdad y las formas jurídicas en la que se describe el nacimiento en los siglos XVIII y XIX de la sociedad disciplinaria y apunta -Foucault- lados aparentemente contradictorios de la reforma y reorganización del sistema judicial y penal en diferentes países de Europa.
Galopa, en ese tipo de literatura, el espectro de los estigmas, no como mero tópico, sino como acusación.
Detonar la discusión acerca de la cárcel y el castigo
García Gárate cree posible detonar la discusión acerca de la cárcel y el castigo, como expresión del poder del Estado, afirmación de una moralidad colectiva… y de una política social condicionada por motivos económicos, según los ve, en Derecho Penal y Criminología, la investigadora Lina Mariola Díaz Cortés.
En su recapitulación, García Gárate se detiene en los periodos en que, en tratándose de población penitenciaria, se pretendió la regeneración y más tarde la readaptación, hasta llegar en nuestros días a la reinserción social.
Puestos ante ese reto, el de la reinserción, con la doctora Angélica Cuéllar Vázquez (Derechos Humanos y ejecución penal en el nuevo sistema de justicia en México), se nos recuerda que la regulación de los jueces de ejecución no es un aspecto más del nuevo paradigma. Se puede decir que es la piedra angular o de toque del modelo (…) se reordena la vida penitenciaria en función de criterios judiciales (y se) establece una compleja red de mecanismos para que la disputa y controversia entre personas privadas de la libertad y la autoridad puedan ser ventiladas en un esquema adversarial, contradictorio, equitativo, transparente y sometido a prueba…
Eterna aspiración mexicana: La transformación cultural
Desde nuestra lectura, vemos el replanteamiento de la exigencia de una nueva cultura jurídica (transformación cultural, le llama el autor consultado), en cuyo caso se afirma que el tema de las y los operadores jurídicos resulta fundamental para la aplicación y vigencia efectiva del nuevo paradigma de ejecución penal, que, al través de la Ley específica, reconoce los derechos y obligaciones de las personas privadas de su libertad.
Asunto de especialistas, ciertamente, no resistimos sin embargo la tentación de abordarlo y divulgarlo a la luz del compromiso de Justicia y Estado de Derecho, capítulo rector del Plan Nacional de Desarrollo.
¿Qué nos queda a los neófitos? Hacer votos porque veamos cumplida tanta belleza, dicho esto con la mayor de las solemnidades. Es cuanto.