La ideología y la conveniencia personal o partidista no deben estar sobre las necesidades reales de todo un país. Esto aplica a izquierdas, derechas y centro. La extinción de órganos autónomos y reguladores “con duplicidad de funciones” es una de las reformas constitucionales que plantea el presidente López Obrador, como tarea para la entrante legislatura.
El Ejecutivo propone desaparecer a: INAI, Cofece, IFT, CRE, CNH, Coneval, Mejoredu y 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales. “Sus funciones serán transferidas a las dependencias responsables de cada ramo”.
Sin explicar el trasfondo de sus intenciones, el mandatario se justifica en que tales organismos resultan onerosos para las finanzas nacionales. Subraya –en otras palabras- que fueron creados por el régimen neoliberal para defender los intereses de grupos empresariales nacionales y extranjeros. Desde la oposición política y desde la crítica independiente se le reprocha al ocupante de Palacio Nacional que lo que busca con la desaparición de los entes aludidos es centralizar el poder en sus manos y quitar contrapesos al Ejecutivo.
Lo cierto es que el asunto tiene pros y contras que deben someterse al análisis objetivo, valga la redundancia. Y en esto, la opinión de los expertos y de las voces independientes debe valorarse.
Es innegable que el régimen neoliberal fue generoso en la creación de una alta burocracia, sobradamente bien pagada, (de ahí el enojo ciudadano). También es irrefutable que, en su oportunidad, los fundadores de tales organismos, obedecieron a retos de su tiempo y circunstancia. Se justificaron impecablemente diciendo que sus creaciones eran parte de una modernización de la administración pública.
En cuanto a las funciones encargadas a tales organismos, difícilmente se les puede negar utilidad pública. En cuanto a su desempeño real, las cosas cambian. Si en el transcurso de sus estratégicas tareas, los responsables de nombre y apellidos se corrompieron, hay constancia.
Si las circunstancias tan cambiantes les quitaron preponderancia parcial o total, no es mala idea replantear su existencia o reorientación.
Lo que no parece ecuánime de parte del Ejecutivo es juzgarlos a todos por igual, simplemente como onerosos o corrompidos. Hay dos de los que están en la mira presidencial que, ante todo, merecen un blindaje ciudadano: estos son el INAI y el Coneval.
El primero responde a una vieja demanda de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y de rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados, para inhibir la corrupción.
El segundo, tiene como tarea central evaluar los programas de gobierno y por lo tanto su ejecución y resultados, así como la pertinencia del gasto gubernamental. En esto no debiera ser absorbido por ninguna “dependencia del ramo”, porque el gobierno sería juez y parte.
Como sea, algunos de los funcionarios bajo cuestionamiento le dieron motivos al presidente porque se rebelaron a la política de austeridad. En concreto, se ampararon contra la Ley de sueldos máximos de la alta burocracia. Ahora vemos las consecuencias.
Algunos analistas se anticiparon a la sentencia cantada por el mandatario, diciendo que tales iniciativas difícilmente transitarán porque el Ejecutivo carece de mayoría calificada en el Congreso, para su aprobación. Es pertinente pedirles a los legisladores altura de miras.