Ambiente y desarrollo
Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez (*)
“El país requiere de inversión privada nacional y extranjera, para su desarrollo”. “Es necesario estar bien con las calificadoras internacionales, del nivel de endeudamiento que requiere México” Estos son algunos señalamientos que oímos desde las esferas del poder económico (empresarios) y político (gobierno). De alguna manera señalan de pasada y más bien por cubrir el requisito, que se respetarán las normas ambientales y se consultará ampliamente a los pueblos o regiones que sufrirán los impactos de esos megaproyectos.
Como ejemplos recientes, está el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el Lago de Texcoco, con impactos negativos ambientales, sociales y económicos en toda la Cuenca del Valle de México; los proyectos de Fracking o fractura hidráulica que se están llevando o están por iniciar en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, para obtener gas y petróleo (Shale) de profundidades hasta 5,000 metros, con el uso de millones de metros cúbicos de agua, que quitarán a las actividades agropecuarias y al consumo humano, así como el uso de sustancias contaminantes al subsuelo y a las tierras donde tendrán que disponer los residuos; los desarrollos hoteleros en las principales playas del país, como Quintana Roo y Nayarit, que a base de prebendas, ventas ilegales de terrenos nacionales y violaciones ambientales se están transfiriendo a empresas extranjeras; la construcción de la presa Santo Domingo, en la Selva Lacandona en Chiapas, con la inundación de pueblos y destrucción de la selva; la invasión de ganadería extensiva sobre la Selva de Los Chimalapas, en Oaxaca; la generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec y otras regiones del país, con su impacto visual, auditivo y territorial para los habitantes; la explotación de minas de oro plata y otros minerales, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla, con devastación de bosques, selvas, tierras, así como avasallamiento de pueblos y comunidades por las empresas y por el crimen organizado pagado por esas mineras; la construcción del ferrocarril México- Querétaro, que tuvo que suspenderse, cuando se descubrió la Casa Blanca de Peña Nieto y el ferrocarril de Toluca a México, que ha destruido bosques de gran importancia en diversas comunidades del Monte de las Cruces, entre el Estado de México y la Ciudad de México; y el posible despojo de las aguas nacionales, que no se privatizan formalmente, pero si en la realidad ya que al concesionarse por varias décadas, afectan a la sociedad; el ambicioso programa de carreteras que luego se concesionan los usufructos, aunque haya fallas mortales, como el paso rápido de Cuernavaca; desde luego lo más relevante es la entrega del petróleo a empresas extranjeras y nacionales, cuyos socios o principales ejecutivos son nada más ni nada menos que ex funcionarios públicos de los gobiernos del PRI y del PAN. Y así podríamos seguir con una lista de megaproyectos que en este sexenio se han ejecutado o están en proceso, con sus cuestionamientos de corrupción.
¿Hasta dónde se cumple con la legislación ambiental y con esas normas oficiales mexicanas y las consultas públicas? Si lo vemos desde el punto de vista oficial, de las autoridades ambientales que otorgan los permisos de esos proyectos, están cumpliendo a cabalidad (¿?); sin embargo tomando la realidad de los pueblos, ejidos, comunidades, territorios nacionales y personas afectadas, no hay tales cumplimientos, están a medias o se justificaron con información incompleta o totalmente falsa; y no se han hecho las consultas oportunas, con información verídica a los pueblos o núcleos de población afectados, sino se han efectuado consultas a modo y con las personas que no son representativas y medios que nadie revisa. O sea que en la mayoría de los casos no son proyectos apegados a la legalidad.
Estamos ante un asalto economicista del gobierno federal de los últimos 30 años, que ha continuado fielmente lo iniciado por el gris Presidente De La Madrid, cuyo director de orquesta desde entonces es Carlos Salinas y que en 2006, durante el sexenio de Calderón inició el proyecto, “MEXICO 2030, PROYECTO DE GRAN VISIÓN” (consultarlo en www.contralinea.com.mx), y que Peña Nieto ha continuado al pie de la letra. Es toda una estrategia de remate de los bienes de la nación y los sectores estratégicos del país. Son 14 documentos que integran el expediente completo. Entre los principales y preocupantes asuntos, que se mencionan en ese documento, están:
1) Acotar el crimen organizado, no exterminarlo. Será una guerra social oculta; 2) Operativos binacionales al amparo de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida; 3) Desmantelar la seguridad social (Salud y Educación), mediante la privatización y la subrogación; 4) La Ciencia y Tecnología quedará en manos de la iniciativa privada; 5) Venta total de las reservas de la biósfera. Dejar en manos de la iniciativa privada, nacional y extranjera, la mitad del territorio terrestre, costero y marino nacional; 6) Mayor concesión a empresas extranjeras en materia de minería; 7) La abolición de los monopolios públicos. Abrir totalmente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad a la iniciativa privada para que cuenten con participación accionaria del Estado, de fondos de pensión e inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales; 8) Concesionar la infraestructura hidráulica a particulares, mediante la inversión indiscriminada en proyectos ejecutivos del sector hidráulico y saneamiento de cuencas; 9) el establecimiento de una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas puedan exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto; 10) La implantación de un régimen legal y político basado en los intereses de Estados Unidos, que incluye gobernantes de origen mexicoamericano; 11) La instauración legal del lobbying o cabildeo legislativo, por medio del cual las empresas nacionales y extranjeras harán prevalecer sus intereses en los temas que legisle el Congreso de la Unión; y 12) la joya de la corona, la creación de una nueva constitución política, con la cual se abolirá la propiedad pública, se desconocerán los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales y se abandonará el concepto de soberanía nacional.
Si revisamos, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes reglamentarias que han aprobado el PRI, PAN, PRD y sus partidos satélites, PVEM, PANAL, MC, y las privatizaciones que ese Proyecto México 2030 contempla, se han venido cumpliendo al pie de la letra, con una total impunidad y autoritarismo, entregando el país con el mayor cinismo y traición al pueblo de México.
El cambio de gobierno que está próximo a suceder, tendrá el enorme reto de desmantelar las poderosas redes de corrupción e impunidad, así como tendrá que dar marcha atrás en muchas de las decisiones tomadas por estos regímenes hiperneoliberales y poder así iniciar la Cuarta Transformación.
(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, de la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México; Maestro en Ciencias y Candidato a Doctor de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, Mich. EUA; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.
Anteriormente colaboró con los diarios El Universal Gráfico y Vértice de Chilpancingo; participante en los programas radiofónicos de Fórmula Universal, en Radio Fórmula, Radio 13 y Radio Mexiquense, conducidos por Alfonso Anaya Maya, cerrados por ser voces críticas.