Por Pablo Moctezuma Barragán
¿Quién provoca la crisis fronteriza en Estados Unidos? Washington y muchos gobernadores culpabilizan a los migrantes y toman medidas extremas de control policial. Para el miércoles 31 de mayo, ocho gobernadores republicanos se habían sumado a la solicitud de ayuda que lanzó el gobernador de Texas, Gregory Wayne Abbott, con la operación Lone Star (Estrella solitaria) para movilizar tropas de la Guardia Nacional a la frontera. A principios de mayo, el presidente Joe Biden anunció el envío de mil 500 soldados en activo a la frontera, adicionales a los 2,500 elementos de la Guardia Nacional desplazados en la zona. Los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur se sumaron el miércoles 31 a los despliegues anunciados por Ron DeSantis en Florida, y los gobiernos de Misisipi, Iowa, Tenesí y Nebraska.
El drama de los migrantes en México se acentúa, transitan hacia Estados Unidos cientos de miles de personas y la situación se agravó las semanas anteriores ya que el 11 de mayo expiró el Titulo 42, la norma de la época de la pandemia (vigente desde el 20 de marzo de 2020), que permitía a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes con el pretexto de evitar su confinamiento y contagios, pero lo que hizo fue negarles su derecho de asilo y buscar la expulsión a la frontera más próxima, con toda rapidez. Así violó Estados Unidos derechos humanos fundamentales y leyes internacionales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (US Customs and Border Protection, CBP, por sus siglas en inglés), informó que del total de mexicanos detenidos en Estados Unidos, 59.6 por ciento fueron expulsados a México bajo el Título 42 en el año fiscal 2020, mientras en 2021 y 2022 se incrementó a 92.3 y 90.5 por ciento, respectivamente. Añadió que los migrantes expulsados a México bajo las condiciones del Título 42 ascendieron a 2 millones 291 mil 347, esto es 96 por ciento de las expulsiones de Estados Unidos. Del total de expulsados a México, un millón 381 mil, esto es, 60.3 por ciento, fueron mexicanos; 34.3 de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y el resto de otras nacionalidades.
La detención de migrantes extranjeros en territorio mexicano se quintuplicó en la última década, pasando de 88 mil en 2012 a 450 mil en 2022, debido a la política de persecución comenzada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y acentuada en 2019 tras las amenazas y presiones de Trump. En los primeros dos meses del presente año, la Secretaría de Gobernación (SG) registró 70 mil 526 detenciones de migrantes en situación irregular en territorio mexicano. La cifra representa un incremento de 22 mil 840 detenciones, 48 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2022, en el que se registraron 47 mil 686 eventos de este tipo. Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración (INM) atendieron en 2022 a 70, 019 menores de los cuales, casi 13 mil se trasladaban completamente solos.
Esta política criminal ha creado situaciones extremas, en las que las personas que migran ven negados todos sus derechos, hasta el de la vida. Al menos 950 migrantes murieron en 2022 en su intento de cruzar sin documentos la frontera de México con Texas. Sin incluir a los muertos en territorio mexicano ni en el recorrido previo de los que provienen de América del Sur y Centroamérica. Hace dos meses fue un escándalo mundial el incendio del 27 de marzo en Ciudad Juárez de un “albergue”, que es en realidad, un campo de detención del Instituto Nacional de Migración donde trágicamente murieron 40 migrantes a causa de este siniestro. Los medios locales habían reportado que los migrantes estaban vendiendo artesanías, durmiendo bajo los túneles o pidiendo dinero en las calles, por lo que las autoridades, criminalizándolos, hicieron redadas para retirarlos de la calle y encerrarlos en centros del Instituto Nacional de Migración. Antes, el 12 de marzo, unos 600 migrantes desesperados bloquearon el puente principal que une Ciudad Juárez y El Paso para pedir que se agilizaran los trámites. El episodio fue muy criticado por el alcalde de la localidad, el morenista Cruz Pérez, quien llegó a decir: “Se nos está acabando la paciencia” y luego exigió las redadas en contra de familias enteras, para ser encerrados en centros que son centros de concentración, como los que hay en Estados Unidos.
México tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 1,197,624 de inmigrantes, lo que supone un 0.94% de la población de México. El 2022 fue el año con mayor número de detenciones a migrantes que transitaban por México en una situación “irregular”: 444,439 arrestos, un 44% más que el año anterior. El perfil migratorio está cambiando. Los países del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) ya no son los únicos en expulsar a su población. Ahora hay que sumar “niveles sin precedentes de personas migrantes que llegan por tierra a México cruzando a través de Centroamérica desde la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso desde países de África, Asia y Europa. Desde junio de 2019, México aceptó la exigencia de Donald Trump de ser el muro de contención de la migración en su frontera sur. De este modo se impone la política de Washington sobre México, que data ya de muchos años.
Recordemos que el presidente Bush creó en abril de 2002 (tras el auto atentado de las torres gemelas) el Comando Norte para tener el control militar en la región desde el norte de Alaska hasta el sur de Estados Unidos. En esa lógica, no sólo construyeron el muro en su frontera sur sino, amenazando con aplicar el 5% de aranceles a los productos mexicanos, lograron la implementación de un verdadero muro en la frontera sur de México. Esto como parte de la integración en curso, recordemos que el Imperio yanki en decadencia, enfrenta la competencia económica y militar de China y Rusia, su aliada Europa se debilita y Estados Unidos busca apoyarse en “su región” para enfrentar a las otras potencias en lucha por la hegemonía. Quiere fortalecer la fusión de lo que entienden como Norteamérica: Canadá-Estados Unidos-México para tener el dominio completo de los tres países. A esto cooperó Fox, con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN); Calderón con la Iniciativa Mérida y la integración militar del ejército y la armada a las órdenes del Comando Norte que lidera el Pentágono; y Peña con las reformas modernizadoras, en particular la energética para contribuir a la creación de los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Estados Unidos pretende crear una región norteamericana cerrada que enfrente en todos los terrenos a China y Rusia y quiere usar al territorio mexicano para su logística militar.
Pero así como en el ascenso de su poderío se apoyaron con los esclavos del sur, los afroamericanos, ahora quieren, dentro de “su región”, a los esclavos mexicanos. Es esclavitud moderna el hecho de que a las y los trabajadores sin papeles, se les nieguen todos sus derechos y se les criminalice para permitir su cruel explotación. El sistema necesita a estos trabajadores sin derechos para abatir el salario y las condiciones de vida de todas las personas trabajadoras. El trabajo de los migrantes sin papeles es un factor clave en la acumulación de riquezas por parte de las grandes corporaciones.
La migración es natural en las sociedades humanas y se ha dado a lo largo de los siglos, pero la actual oleada de migrantes en el mundo se ha desbocado, ocasionada por las políticas de las grandes potencias de saqueo de las riquezas de los países sometidos, de la violencia y el crimen organizado que arman, de los negocios de su complejo industrial militar que provoca constantes guerras y conflictos en todo el mundo.
Es hora de que en cada país se generen los empleos y las condiciones de vida que arraiguen a las personas en sus comunidades, sus regiones, su país. El reto de crear empleos está al orden del día. En el primer trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) de México fue de 60 millones de personas, dos millones más que en el primer trimestre del año previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pero en edad de trabajar son 90 millones y sólo están ocupadas 58.5 millones, se habla de 2.4 millones de personas desempleadas, pero de hecho sólo 22 millones tienen un empleo formal.
Es necesario que la lucha de las personas trabajadoras obligue a las corporaciones a aumentos salariales sustanciales y a cerrar la brecha entre los salarios de los trabajadores que laboran en Estados Unidos y los salarios que se ganan en México. En el actual gobierno han aumentado los salarios mínimos dado que el alza nominal en lo que va del sexenio sería ya de 134%, al pasar de 88.3 pesos a 207.44 pesos diarios entre el 2018 y el 2023, pero los salarios contractuales se mantienen prácticamente estancados. Aun así, están muy distantes a los salarios mínimos en Estados Unidos que son de $16 dólares la hora. Dado que en 45 años el salario en México cayó un 70 por ciento, la pobreza salarial es enorme.
Particularmente la economía se ha destruido a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio que ha causado la migración de más de 10 millones de mexicanos, las políticas neoliberales han provocado migración masiva, a partir de 1994 comenzaron a migrar a Estados Unidos de 400 a 500 mil mexicanos al año. El 60% de los indocumentados en Estados Unidos son mexicanos.
Es necesaria la inversión en proyectos productivos, que el Estado tenga los recursos necesarios para emprender el desarrollo que logre la soberanía alimentaria y dé empleo a millones de personas. Estamos importando más del 40% de los alimentos y somos el primer importador de maíz amarillo del mundo, al mismo tiempo que tenemos decenas de millones de hectáreas ociosas. Hay que invertir en levantar una industria nacional que permita que, al contar con litio, también se levante una poderosa industria en torno a este mineral. México producía todas sus vacunas en el siglo XIX y XX, recuperemos esta capacidad, recordemos que Cuba ha sido capaz -en medio del más cruel bloqueo- de producir cinco vacunas. El Estado puede tener fondos si suspende y audita el pago de la deuda pública a la que este año se le dedica 1 billón 200 mil millones de pesos, una reforma fiscal progresiva, ya que mientras nosotros pagamos al fisco el 35% de nuestros ingresos, las corporaciones solo pagan el 2.4% y las mineras 0.002% a decir de la secretaria de economía Raquel Buenrrostro. Es necesario imponer un impuesto a las grandes fortunas; en un lustro la riqueza de Carlos Slim pasó de menos de 60 mil millones a 81 mil millones de dólares; Grupo México, en lo que va del sexenio, ha aumentado su valor de mercado en 326 mil millones de pesos, creciendo el 104 por ciento, aumentando su riqueza de 314 mil 825 millones de pesos a 641 mil 406 millones de pesos. Entre deuda e impuestos podríamos aumentar nuestro presupuesto de 8 billones en un 50% para el desarrollo que debe de partir de cada comunidad, buscando su sustentabilidad, el apego y arraigo de su población.
Los migrantes no son quienes provocan la crisis fronteriza en Estados Unidos, la provocan las políticas antinmigrantes, xenófobas, racistas de las autoridades del país vecino y el modelo neocolonial y neoliberal que impulsan, la violencia que generan para debilitar y controlar a los países que pretenden controlar, las sanciones contra países que defienden su soberanía como Venezuela y Cuba. El Imperialismo y sus corporaciones, con su afán insaciable de saquear las riquezas de los países y explotar al máximo a los pueblos, es el responsable.
Una política de sostenibilidad aplicada a todos los países colocaría a la migración a un nivel aceptable, la lucha de los pueblos en nuestro continente será la que cambie las condiciones y permita que la migración esté equilibrada. En América toda, norte y sur, empujan los pueblos un proceso de cambio que los conduzca a tomar control de su destino. Migrar es un derecho, es necesario que los pueblos tengan en sus territorios la opción de un trabajo y una vida digna y pacífica, con bienestar y que migrar sea sólo una opción y no la única y desesperada salida.