Con 60 mil millones de dólares en deuda de corto plazo, la paraestatal Pemex enfrenta un desafío histórico. La inyección de 8,500 millones de la divisa verde, que le adjudica el gobierno en su presupuesto para el ejercicio 2024, le da un respiro al cubrir casi la totalidad de sus compromisos para el año entrante.
No obstante, algunas calificadoras de riesgos y ciertos inversionistas juzgan la operación como insuficiente y perciben como altamente riesgosa la situación de la petrolera mexicana.
Lo cierto es que los números no le favorecen nada a esta empresa que fue orgullo nacional y figuró entre las más redituables del planeta. Su lista de datos adversos es larga.
Además de su voluminosa deuda y el costoso servicio de la misma están sus elevados gastos de operación. Estos incluyen un pasivo laboral de 1.3 billones de pesos -según reportó al segundo trimestre del año 2023-; lo cual significa la tercera parte del total (3.8 billones).
Tales números son un lastre muy pesado y le restan competitividad internacional (una nómina superior a los 112 mil trabajadores activos en 2023; con perspectiva de aumentar por la operación de la nueva refinería “Olmeca”. También mantiene a cerca de 110 mil jubilados y pensionados).
Entre otros de sus graves problemas que enfrenta hay que considerar la menor producción y el incontrolable robo de combustibles, que se incrementó en estos años. Los costos resultantes han sido cargados no solo al presupuesto anual, sino a los consumidores. Tenemos que pagar una de las gasolinas más caras, como nunca.
Algo irrenunciable es que Pemex tiene que seguir siendo pilar del desarrollo nacional y garantía de soberanía energética.
La pregunta de muchos mexicanos es bajo cuál fórmula. Todas las opiniones son respetables, en particular las de los expertos.
Una posición que empuja el debate va en el sentido de hacer a un lado la politiquería y los ideologismos para entrarle sin prejuicios a definir el futuro de la petrolera. Esto en el contexto global de alta competitividad sectorial, con nuevas tecnologías; asimismo frente a mayores reclamos por el calentamiento climático, que proyectan el desarrollo sobre las energías alternativas.
Difícil entorno para la mayor contribuyente fiscal mexicana.
Un punto a resaltar es que, hasta ahora, el peso de los rescates de la aludida ha corrido a cargo de todos los mexicanos. Los gobernantes han dejado a salvo los intereses y privilegios de una burocracia ineficiente, de un sindicato corrupto y de una larga lista de proveedores consentidos; así como de desarrolladores de infraestructura a costos exorbitantes. El ejemplo más actual es la polémica refinería en Campeche.
Pensando en una solución de largo plazo para Pemex, de acuerdo con ciertas voces, sería bueno que esa parte de privilegiados históricos pusiera una mayor contribución en rescatar a la marca nacional. Porque no ha sido justo cargarle todo a los consumidores por triple vía: el impuesto especial a productos y servicios; el mencionado robo de combustibles, que daña el patrimonio de la petrolera; y el sostén de la enorme deuda con inversionistas y proveedores.
Sin un plan de largo plazo, transparente y riguroso en su ejercicio, la agonía de Pemex podría prolongarse sin sentido.