Mucha preocupación y enojo han causado a una parte de la sociedad los intentos e iniciativas presidenciales por reformar o desaparecer instituciones, organismos autónomos o programas de gobierno que heredó. Hasta ahora el mandatario ha fracasado en casos muy importantes, pero no cesa de intentarlo.
El hecho es que ya encarrilado hacia el último tramo de su gobierno, insiste: “Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos “, argumenta.
Es cierto que diversos sectores de la sociedad admiten que el sistema debe reformarse para ganar eficiencia en sus tareas y cumplir mejor sus objetivos de gobierno, sin representar una mayor carga presupuestal.
Si al menos el Ejecutivo mostrara que sus propuestas son mejores opciones, quizás no enfrentaría tanta oposición. Lo que ha causado molestia, en parte es la sospecha entre sus opositores de que el mandatario quiere tener -sobre todo para el caso del INAI, del INE y del Poder Judicial-, instituciones y organismos hechos a la medida de sus conveniencias políticas.
Mientras son peras o manzanas, el presidente ha tratado de incidir en la operatividad de las entidades aludidas, recortándoles presupuesto o tratando de orientarlas en su funcionamiento a través de su fracción parlamentaria en el Congreso (para el ejercicio presupuestal 2023, les fueron recortados 7,437 millones de pesos a diversos organismos autónomos).
Desde la perspectiva de sus críticos, por necesidades presupuestarias enfocadas a sus megaproyectos de infraestructura y a sus programas asistenciales, el presidente ha dañado la operatividad del conjunto gubernamental. Varias dependencias y organismos realizan sus tareas con limitaciones y pobres resultados.
En una parte de su enfoque el mandatario tiene razón, porque existen ineficiencias, duplicidad de funciones y excesos en gastos innecesarios (contratación de onerosos seguros de vida; viajes internacionales o nacionales sin motivos rigurosos; excesiva burocracia -por creación de puestos para los amigos-; organización de costosos eventos o festividades, entre otros).
En la otra cara de la moneda, habría que recordar que la mayoría de tales instituciones, organismos y programas fueron creados en su momento porque apuntaban a resolver en parte las tareas de gobierno y demandas ciudadanas concretas. Sin embargo, pudo ocurrir que fueron rebasados por la realidad o desviados de sus metas y objetivos o fueron corrompidos por la inercia estructural del sistema.
El hecho es que las instituciones y organismos son necesarios, pero deben actualizarse a los cambios, con visión de futuro. México no debe temer al cambio institucional ni a la mejora regulatoria; asimismo, debe enfrentarse con decisión a las reticencias de los intereses afectados.
Una conclusión es que la ciudadanía está cansada de los abusos burocráticos y de la ineficiencia gubernamental, de ayer y hoy. Y desde tal perspectiva pudo haber apoyado la mayoría de reformas. Sin embargo, está claro que le faltó al gobierno capacidad y disposición para negociar. La sociedad está perdiendo una oportunidad importante en medio de la polarización.
En lo que viene, se requiere que los políticos y funcionarios pongan por delante los intereses nacionales antes que los personales o partidistas.