Ojo Público
Por Norberto Hernández Montiel
Es necesario ver más allá de los efectos violentos que tuvo la marcha derechista en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de los cuales fue la destrucción de las cruces erigidas en memoria de los 49 niños muertos por quemaduras en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, cuyo 14 aniversario está por cumplirse, este 5 de junio.
Los supuestos manifestantes, cuyo comportamiento los exhibió como un grupo absolutamente porril, de choque, desalojaron el plantón instalado por un grupo de ciudadanos inconformes con el comportamiento de la mayoría de los 11 magistrados que integran la SCJN, además del que muestra regularmente el Poder Judicial. Por cierto, este fue un triunfo pírrico, porque el plantón fue reinstalado.
No bastan, entre otras irregularidades, los intentos de “sabadazo”, a través de los cuales diversos jueces han tratado de excarcelar a delincuentes como Héctor “El Güero” Palma; el descongelamiento de las cuentas a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, hallado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos.
Ahora sabemos, además, que tanto la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura, desecharon una queja en contra de la juez de Distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en un caso de desaparición forzada perpetrado en Aguascalientes.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó en la mañanera del 30 de mayo que la víctima de este delito fue José Francisco “N”, un pepenador detenido a fines de 2018 por cuatro escoltas del exgobernador Martín Orozco. El indigente está desaparecido hasta ahora.
Rodríguez Bucio indicó que el 17 de mayo, tanto Piña Hernández como Rolón Montaño desecharon una queja administrativa promovida en contra de la juez Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales en favor de los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco. Los anteriores son botones de muestra respecto a la actuación del Poder Judicial.
Además de ello, diversos jueces han extendido amparos en contra del Tren Maya. Hasta octubre de 2021 había más de 25 amparos, a través de los cuales se pretendía detener la obra, planeada para detonar el desarrollo económico en zonas marginadas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Recordemos únicamente el caso de tres amparos contra el tramo 5 Sur, revocados en agosto del año pasado.
A pesar de que las obras continúan avanzando, en su sesión del 22 de mayo, la SCJN invalidó el decreto presidencial del presidente López Obrador, a través del cual se declaró al Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como de Seguridad Nacional e Interés Público.
¿Qué parte de las dos palabras que integran el concepto de Seguridad Nacional no entendieron los ministros de la SCJN que votaron en contra del decreto? ¿Con qué calificaciones aprobaron la asignatura de Historia Nacional, para mostrar tan enorme ignorancia respecto a la gran ambición de Estados Unidos respecto a nuestro territorio?
Basta remontarnos a 1859, durante la Presidencia de Benito Juárez, cuando el mandatario necesitaba el apoyo de Estados Unidos para su administración, que debió ejercer en forma itinerante, a causa de la amenaza de tres países colonialistas, España, Inglaterra y Francia, de los cuales los dos primeros se retiraron.
El francés, Napoleón III, no obstante, perseveró, hasta traer y entronizar, con la complicidad de 35 apátridas, a Maximiliano de Habsburgo, quien ejerció un efímero mandato al que llamaron imperial, de 1863 a 1867. Durante ese periodo, Estados Unidos presionó a México. A cambio de reconocer al gobierno de Benito Juárez, propuso el tratado entre el embajador Robert McLane y el ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, el cual no se concretó porque el Senado estadounidense no lo ratificó.
De acuerdo con este largo documento se garantizaba el libre tránsito para ciudadanos y mercancías de Estados Unidos, con el fin de que circularan a través del Istmo, sin que causara derecho o tarifa alguno, lo cual incluía a militares y tropas. Se obligaba, asimismo, a las fuerzas armadas de nuestro país a cumplir con lo necesario para ofrecer tales garantías. En síntesis, se trataba de una abierta injerencia estadounidense que no prosperó.
Volvamos a la pregunta. Dado este interés de los vecinos sobre nuestro territorio ¿la construcción de ambos proyectos no constituye un asunto de Seguridad Nacional? ¿El desarrollo económico que ambos detonarán no es una cuestión de Interés Público? La supuesta independencia del Poder Judicial no es pretexto para que éste se coloque por encima de tan importantes conceptos.
Es totalmente falaz el argumento de la SCJN respecto a que la invalidación del decreto responde a un repentino celo que acometió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Desde la fundación del INAI, los mexicanos hemos constatado que se trata de una institución que favoreció la opacidad para los gobiernos prianistas y ahora pretende guardar con diligencia lo que descuidó por años. Es de suma importancia que veamos la manifestación violenta en este contexto, con la finalidad de que nos demos cuenta a qué intereses sirve.