El campo mexicano atraviesa desafíos estructurales y coyunturales que ponen en riesgo la producción de alimentos para 130 millones de mexicanos. El país importo más del 50% de granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo y otros), al primer semestre de 2023, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Ante tal situación, la promesa de este gobierno de lograr autosuficiencia alimentaria queda como uno de los pendientes más importantes para el próximo sexenio. Quien quiera que gane deberá tomar el asunto como una prioridad.
No le fue posible a esta administración cumplir el fundamental propósito. La institución creada para el efecto (Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX) está metida en el más fuerte escándalo de corrupción de este gobierno. Se ha ventilado en los medios que sufrió desvíos de al menos 12 mil millones de pesos. El caso transcurre con la mayor lentitud en un juzgado.
Por lo pronto, empresarios agrícolas, líderes y activistas del sector, ante la desventajosa coyuntura que enfrentan, acusan que hay un abandono del campo y reclaman que “se atienda como un asunto de seguridad nacional”. Por tal razón pretenden movilizarse en todo el país para concientizar sobre los desafíos que atraviesan.
El principal obstáculo es la falta de financiamiento y las altas tasas de interés. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), organización representativa del sector, plantea que los apoyos gubernamentales destinados al campo se extiendan a los medianos y grandes productores agropecuarios, porque son quienes alimentan a la mayoría de la población.
Otros de los problemas coyunturales, es la inseguridad. Todos los días se ventila en los medios el ambiente difícil que enfrentan por las extorsiones y robos que sufren por los cárteles, que han impuesto su ley en gran parte del territorio nacional.
El otro desafío es la prolongada sequía que azota al 80% del territorio nacional, con diversos grados de intensidad, la cual está causando severos daños a las cosechas y hatos ganaderos. Junto con el cambio climático, y como efectos de este, plantea retos de primer orden para los productores y para las autoridades.
Los empresarios del sector proponen una serie de medidas para revertir la situación, a saber:
Establecer un comité interdisciplinario que proponga “políticas públicas coherentes”; impulsar apoyos financieros, con seguros y créditos accesibles; incrementar la inversión en infraestructura hidráulica para el sector; y escuchar a los productores para avanzar en sustentabilidad.
Al iniciar este gobierno estableció nuevas políticas hacia esta rama económica, con la promesa de avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. Uno de los cambios fue eliminar importantes partidas presupuestales destinadas a las organizaciones, para entregarlas como apoyos directos a los pequeños productores; sin atender a los de mayor tamaño.
Cinco años después, el campo sigue sin resultados promisorios y muy lejos de la anhelada autosuficiencia de granos básicos.
Por lo pronto, lo razonable es que se enriquezcan el debate y las propuestas. Están de por medio los alimentos, lo más importante para el presente y futuro de la nación.