Por Martín Estrada
Un proceso defectuoso, marcado por omisiones y deficiencias, es lo que denota la investigación oficial en torno al feminicidio ocurrido en la persona de Rosa María Bello, profesora de nivel primaria que fue asesinada en su departamento de Azcapotzalco hace ya ocho meses. El 11 de junio de 2022 su cuerpo fue hallado sin vida en su vivienda, con claros rasgos de violencia, estrangulada, golpeada y con parte de su cuero cabelludo desprendido. Además el interior del departamento también mostraba indicios de agresión, con objetos tirados y rotos, y muebles fuera de lugar. Estos elementos hicieron que su muerte fuera clasificada como feminicidio.
La hoy víctima mortal era una persona tranquila, trabajadora, con estudios universitarios, abogada de profesión, que se dedicaba a impartir clases en una escuela primaria, concretamente fue una destacada promotora de la lectura. Rosy, como así se le conocía, tenía 53 años, vivía sola, no tenía problemas con los vecinos e incluso estos tienen buenas referencias de su persona. En resumen, no era una mujer conflictiva.
Familiares de la víctima hicieron ver que las autoridades encargadas del caso, Ministerio Publico y Policía de Investigación, a cargo del comandante Hugo Casillas, solo trabajaron diligentemente en la primera semana transcurrida después del hecho, pero que incluso en estos primeros días hubo omisiones de investigación que repercuten en el avance hacia la resolución del crimen.
MAL MANEJO DE LOS VIDEOS
Un señalado error está en el manejo que se le dio al material de video que se pudo rescatar en la zona alrededor del lugar de los hechos. Familiares indicaron que únicamente se extrajeron los videos que hay en una de las dos entradas de la unidad habitacional donde se encuentra el departamento que habitaba la víctima. Es decir, de dos entradas que hay para acceder al conjunto habitacional, solo se rescataron los videos correspondientes a una de ellas, lo que podría incidir en que no se visualice al posible agresor en caso de que haya entrado y salido por la otra puerta general.
Asimismo, también indicaron que las autoridades, la referida Policía de Investigación, solo investigaron los videos donde aparece la víctima, no se analizaron los demás videos para ver la entrada y salida de los vecinos, descartando incluso el material que pudiera existir un día antes y un día después de ocurrido el fatal hecho. Este hecho por sí mismo indica una grave deficiencia del encargado de esa diligencia o una mala orden hecha por el Ministerio Público.
No se pusieron a disposición los demás videos para investigar quién entraba o salía de la unidad; qué personas se encontraban en el interior de la misma al ocurrir el feminicidio. Otro factor que entorpece la investigación es que no existen cámaras de video que hayan registrado la entrada del departamento de la víctima.
ENCUBRIMIENTO DEL POSIBLE AGRESOR
Existen más aspectos de torpeza en la investigación. Uno importante es el que atañe a la persona que pudiera ser el asesino de Rosa María Bello. Concretamente, no se le citó en los primeros días después del crimen para que se presentara a declarar, algo que es inaudito ya que, desde entonces, varios factores se conjuntaban para poder señalarlo como claro sospechoso del asesinato.
La familia de la víctima detalla que en un principio solamente se entrevistó a la vecina que vive enfrente del departamento que habitaba Rosy. Varios días después se fue entrevistando a los demás vecinos. E incluso solo más recientemente, meses de diciembre y enero, de 2022 y 2023, respectivamente, es decir seis y siete meses después, se ha entrevistado a más vecinos, y esto debido a la presión de la familia hacia las autoridades.
Existen varias circunstancias que indican una marcada sospecha hacia el presunto asesino. La principal de ellas es que esta persona dejó de vivir en el departamento que usaba en las inmediaciones de donde vivía la víctima. Al día siguiente de ocurrido el crimen, sin más referencias o justificaciones, el hombre abandonó su vivienda, la cual tenía dos meses de ocupar, lo cual constituye otro factor de sospecha. Ante este hecho contundente, las autoridades, Ministerio Público y la Policía de Investigación, a cargo del comandante Hugo Casillas, no lo han citado a declarar o no han dado con su paradero. Después de ocho meses, el posible feminicida ha tenido el tiempo suficiente para esconderse.
Otros indicios que apuntan a este hombre como sospechoso señalan que se trata de un individuo que no tiene un trabajo estable, es persona que consume drogas y tiene una forma de vivir errante, en el sentido de que no dura demasiado tiempo en algún lugar para vivir; esto fue dicho por el propio padre y el propio hermano del posible agresor, los cuales dialogaron y dieron esta información a las autoridades. La misma familia de la víctima indicó además que el día del feminicidio se estuvo tocando a la puerta del probable agresor para hacer indagaciones y que este no abrió. No se le localizó más. En posteriores indicios por medio de la geolocalización a través de celulares, se ha podido saber que este individuo estuvo cerca del lugar de los hechos el día del crimen.
Hay más agravantes. El sospechoso ha tenido seis cuentas de Tweeter, una cuenta de Facebook y una más de YouTube, además de poseer tres aparatos celulares. Esto contradice lo que en un principio el comandante de la Policía de Investigación, Hugo Casillas, señaló, ya que dijo que el posible delincuente no tenía redes sociales. Este tipo de omisiones las ha enfrentado la familia de Rosy en el transcurso del caso. Una tarea que ha sido agobiante, desgastante, fastidiosa y que solo marca la ineptitud de las autoridades encargadas del caso.
HECHOS POCO CLAROS EL DÍA DEL CRIMEN
El fallecimiento de Rosy ocurrió porque fue estrangulada y golpeada. Esto debió de haber ocurrido en las primeras horas del día sábado. Por lo que se ha podido indagar, la víctima llegó sola a su departamento la noche del viernes. No llegó acompañada y por ello el sospechoso es alguien que estaba dentro de la unidad habitacional. En el departamento de la víctima se encontraron indicios de que esta había consumido su desayuno de una manera normal. Pero había elementos de violencia. Objetos rotos, muebles desacomodados. Rosy fue atacada en el lugar donde vivía.
En los mensajes de WhatsApp del celular de Rosa María no aparece nada que vincule a la víctima con su posible agresor. No hay registro de comunicaciones en el teléfono. Pero el hecho de que vivía sola constituye un factor importante del que el sospechoso pudo percatarse para efectuar el crimen.
La investigación de los datos registrados en el celular de la hoy occisa ha sido muy deficiente. Las autoridades tuvieron el aparato en su poder durante cuatro meses y solo hasta que la familia ejerció presión para revelar su contenido es que esta se enteró de más circunstancias.
RASTREO DEFECTUOSO DEL ADN
Hay más elementos que señalan la incompetencia de las autoridades para investigar el caso. Uno muy importante es el del rastreo del ADN en el lugar del crimen. Desde el inicio ha sido deficiente.
En el primer peritaje, realizado horas después del asesinato, no hallaron rastros de ADN de otra persona, lo cual es contundentemente ilógico. No revisaron las uñas de Rosa María, a pesar de que el protocolo indica que se debe revisar, argumentando que la víctima tenía las uñas muy cortas. Días después ha habido otros tres peritajes, que se perfilan como meros actos de cuestión administrativa, pero no se encontraron nuevos indicios del posible agresor.
Más torpezas al caso: la investigación apunta que tres días después del crimen se hallaron rastros de sangre en la vivienda del sospechoso, manchas grandes según el reporte de las autoridades, una de ellas de más de un metro. Pues a pesar de ello no se tomaron muestras suficientes para evaluar a quién pertenece dicha sangre, una falla notoriamente deficiente por parte de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Feminicidio en la Ciudad de México. Esta autoridad arguyó que la tecnología para obtener resultados para tal caso es de última generación, y que esta, en México, únicamente la tiene la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.
Los familiares han presionado para esclarecer esta faceta tan importante en la investigación. Es primordial en cualquier caso similar el rastreo del ADN, pero la ineptitud de la autoridad encargada de la investigación es notoria en este aspecto. Se presionó para el posterior rastreo después del día de los hechos, mientras la autoridad señalaba que es muy caro el procedimiento de obtención de ADN y que hay que esperar a que se junten cien solicitudes similares para desahogar los resultados. En su desesperación, la familia de la víctima ha investigado en qué otro laboratorio es posible hacer el análisis de ADN, pero en efecto es muy caro y no se cuenta con los recursos económicos para realizarlo.
El factor económico es otra dificultad para el avance de la investigación. Esta se ha realizado en parte con los recursos monetarios que dejó la víctima en una cuenta bancaria. Al respecto la familia también investigó en el banco, solicitando información para ver si había algún movimiento sospechoso que hiciera ver que era el robo a cuenta el motivo de la agresión hacia Rosa María. Después de una demora de seis meses en que se solicitaron esos datos a la institución bancaria, se descartó el robo como motivo del crimen.
Todo lo referido muestra una clara ineptitud, deficiencia, mal manejo del caso, en una historia que tiene en vilo a la familia de Rosa María Bello. A partir del siniestro hecho hay zozobra en sus seres queridos. Es cuando uno se pregunta en qué sociedad, en qué país se vive, donde el Estado, que tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, no hace su tarea correspondiente. Como señala Juan Bello, hermano de la víctima: ¿En este país se tiene que dejar un fondo monetario para que investiguen tu muerte?