Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública
Es el momento de liberar al campo mexicano del modelo agrotóxico dependiente que nos sujeta a las corporaciones y gobiernos extranjeros a costa de nuestra salud y de la soberanía alimentaria, para sustituirlo por un nuevo modelo agroecológico que fortalezca el desarrollo de las y los productores agrícolas mexicanos y su capacidad para producir los alimentos que necesita la población. Hay alternativas, si bien es cierto que se requieren grandes inversiones para la investigación y la implementación de este nuevo modelo, también lo es que existen recursos. La suspensión del pago de la deuda pública, la reforma fiscal progresiva y los impuestos a las grandes fortunas dotarán al presupuesto de los billones de pesos necesarios para lograr la soberanía alimentaria y dejar de gastar 28 mil millones de dólares anuales en importar los alimentos que se pueden producir en México. Así, fortaleceremos nuestra economía, creando empleo y aumentando el bienestar tanto de los productores como de los consumidores.
En diciembre de 2020, en respuesta a los agricultores, los pueblos originarios y otros, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto de eliminación gradual del glifosato para 2024. El decreto señala que “en los últimos años, diferentes investigaciones científicas han advertido que dicho químico tiene efectos nocivos para la salud, tanto en humanos como en algunas especies animales, y ha sido identificado como un probable carcinógeno en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer”.
La fecha para la prohibición definitiva del glifosato era el primero de abril. Sin embargo, menos de una semana antes de que la prohibición entrara en vigor, las autoridades anunciaron que el uso del glifosato podría continuar hasta que se encontraran otras opciones para el control de las “malas hierbas”.
La Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública se une a la consigna de la Campaña Nacional sin Maíz No Hay País en demandar al gobierno federal: ¡Ni un paso atrás en la prohibición del uso del glifosato!
Es inadmisible prorrogar el uso del glifostato, también calificado como “mata todo”, porque es un herbicida que, según se ha demostrado en cientos de estudios en todo el mundo, se ha vinculado el glifosato con cáncer, encefalopatías, autismo, parkinsonismo, malformaciones, así como trastornos sistémicos.
Esto no se puede ocultar, se sabe que Bayer aceptó un acuerdo para pagar 10.900 millones de dólares y terminar con 125,000 demandas en Estados Unidos por casos de cáncer provocados por el glifosato. Por ejemplo, un jardinero de una escuela de California que usó este herbicida en sus funciones recibió hace unos años, por parte de un jurado, $289 millones de dólares en daños y perjuicios, después de que contrajo un caso terminal de linfoma no Hodgkins. El herbicida es calificando como “mata todo”, porque este tóxico se infiltra en el suelo, contamina el agua, se esparce por el aire afectando flora, fauna y destruyendo la biodiversidad.
El herbicida fue desarrollado por primera vez por Monsanto en 1974 y comercializado como “Roundup”. Pero la producción realmente despegó después de que la corporación introdujo los cultivos “Roundup Ready” en 1996. Estos cultivos, incluyendo maíz, soja y canola, fueron modificados genéticamente para tolerar el glifosato. La producción y venta de transgénicos y glifosato van de la mano.
Estados Unidos exporta alrededor de $3 mil millones de dólares de maíz genéticamente modificado y tolerante al glifosato cada año a México, lo que hace que México dependa del agresivo vecino del norte para gran parte de sus alimentos básicos.
La necesidad de importar maíz amarillo GM se ha creado artificialmente a partir del TLCAN. Basta ver las cifras de 1993 y compararlas con las de 2002. El aumento ha sido exponencial y no sólo ha sido con el maíz, también se presenta en el 70% de forraje para la producción de carne animal (ganado vacuno, cerdos, pollos). En los dos segundos casos esta producción se lleva a cabo en pésimas condiciones de higiene, lo que implica afectación para el medio ambiente y la salud humana.
No menos del 20% se destina a la industria de comestibles procesados (con jarabes de alta fructuosa y almidones de ese maíz forrajero) que ha sido causa de una epidemia de diabetes, obesidad y sobrepeso con altos costos para el país y secuelas de desastre en las familias. Con lo que se ahorre el Estado en salud por efectos del glifosato y la comida chatarra, en el mediano plazo, se paga un cambio de modelo agropecuario. Es indispensable empezar a sumar los costos de la devastación al hacer planeación económica.
Esas cantidades “industriales” de maíz amarillo no serían necesarias si el enfoque de producción de alimentos fuera acordé con una alimentación sana y sustentable, tal como lo establece la recientemente aprobada por el Senado de la República, Ley General para la Alimentación Sana y Sustentable.
Este maíz, que se utiliza principalmente para la alimentación del ganado, está fuertemente subsidiado por el gobierno de los Estados Unidos, lo que dificulta la competencia de los agricultores mexicanos. Los agronegociantes que usan glifosato, fertilizantes químicos y productos transgénicos, aunque aumentan las ganancias de las grandes corporaciones, afectan a la naturaleza, a la gente, a las y los campesinos, además atentan contra la soberanía alimentaria porque actualmente se importa la mitad de los alimentos y más de la mitad de los fertilizantes, que son químicos y aunque dan resultados inmediatos tienen consecuencias nocivas. Por lo anterior, es urgente y necesario un nuevo modelo de producción agropecuaria y la promoción de una nutrición sana.
Conahcyt ha detectado glifosato en leche materna, tortillas, agua, sangre y orina como lo ha dado a conocer, de modo que es imperativo transitar hacia un nuevo modelo agroalimentario, nutricional y saludable que abone a la soberanía alimentaria, ya que ésta no puede existir con el modelo agroindustrial que tenemos hoy en México.
· Sí hay alternativas al glifosato
En lugar de cumplir con el decreto de 2020, las secretarías de Economía (SE), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informaron, a punto de cumplirse el plazo, que se seguirá importando glifosato hasta “encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias, asociadas a las cadenas de comercialización a nivel nacional y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor”. Este comunicado engañoso, dictado por las grandes corporaciones significa un gran retroceso y una mentira pues sí que existen alternativas, no sólo al glifosato, sino a todo el modelo agrotóxico. Al respecto, el Conahcyt, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, así como el subsecretario de Agricultura, Víctor Suarez, sí hicieron su tarea y han demostrado que existen alternativas. Además de que el decreto presidencial no ha sido derogado, por lo que sigue vigente.
El ala neoliberal del gabinete sostiene que sin el glifosato caería la producción agrícola, poniendo en crisis la alimentación de la población. Esto es falso, es claro que se puede producir el alimento necesario si se aplican las políticas adecuadas para garantizar la soberanía alimentaria, basada en un nuevo modelo que dé la espalda a los agrotóxicos y a la dependencia del país.
Como lo señala el pronunciamiento del 22 de marzo de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País:
“El Decreto no se refiere a sustituir el glifosato por otro producto específico, sino a cambiar el modelo agroindustrial de producción de alimentos, para lo que el Conahcyt ha difundido alternativas y experiencias exitosas de producción agroecológica implementadas junto con la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader a través de sus programas Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, ha demostrado que la producción sin glifosato es viable.
Con la implementación de la agroecología, en más de cinco millones de hectáreas y con la participación de casi dos millones de agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala, han visto aumentos en los rendimientos y mejoras en las ganancias, así como una importante reducción del uso de agroquímicos tóxicos.”
Conhacyt sostiene que las opciones al químico para el agro ya están disponibles, se comunicaron a las dependencias y la producción de alimentos no ha disminuido.
En la conferencia de presentación de las alternativas viables a dicho herbicida, con la participación de investigadores, dirigentes de organizaciones y académicos que han llevado la experiencia a campo, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura (Sader), Víctor Suárez, aseveró que la tarea de buscar opciones al químico no sólo era de Conahcyt, sino también de la Sader y desde la subsecretaría se ha honrado el decreto, pero la secretaría ha quedado a deber.
Delia Aideé Orozco, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico de Conahcyt presentó un resumen de las alternativas al glifosato, sobre el cual estudios científicos han reportado daños a la salud y al medio ambiente. Se estableció una plataforma integral de acciones para su validación, y hay 85 proyectos de investigación, con más de 700 especialistas, de más de 100 instituciones académicas, asociaciones campesinas y del sector privado. Explicó que, entre otras acciones, se validaron 87 planes de manejo agroecológico en 17 mil hectáreas en 22 entidades. Los hallazgos dan evidencia científica de que se puede producir sin glifosato y con más rendimientos.
· Tenemos recursos para un modelo agropecuario sano y soberano
Sí existen recursos, tal como ha documentado la Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública. Actualmente se está destinando el 3.6% del PIB (1 billón 230 mil millones) al pago a acreedores. Esa deuda, heredada de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN debe ser auditada, no podemos ni debemos seguir pagando a ciegas, y mientras se implementa una auditoría ciudadana, es menester suspender pagos y en un par de años se contaría con 2 billones y medio para atender necesidades urgentes como lo es la soberanía alimentaria. Luego de la negociación, la carga de la deuda debe aligerarse grandemente y tendremos recursos necesarios.
Por lo pronto debemos eliminar el pago del IPAB-Fobaproa que este año sumará 62.4 mil millones de pesos y destinarlo a financiar este cambio de modelo de agronegocios por el de la agroecología. Que los banqueros dejen de ser beneficiarios de los recursos públicos y asuman su deuda privada.
Desarrollando la soberanía económica tendremos recursos para un presupuesto en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación, que duplique los 148 mil millones de pesos de 2024, destinando esos fondos al desarrollo de alternativas agroecológicas.
Hace falta presupuesto para un Plan de Rescate Agropecuario de México, basado en un nuevo modelo. Tenemos que invertir en aumentar la frontera agrícola y las hectáreas sembradas e irrigadas en México, fomentar la ocupación en el sector agropecuario, impulsar un cambio en las prácticas nutricionales de la población, desarrollar nuevas técnicas agrícolas, producir fertilizantes orgánicos y naturales, fortalecer la red de abasto para que no se pierda la producción agrícola por falta de salidas comerciales.
Se requiere la autosuficiencia alimentaria, en primer lugar, de maíz, y que cada comunidad desarrolle la agroecología, de acuerdo a su vocación agrícola, clima y flora endémica, así como apoyos a la producción, sistemas de abasto y transporte para que los productos lleguen del productor al consumidor. El desarrollo de la agricultura rural, urbana y familiar. México es uno de los países del mundo con mayor variedad de flora y fauna, con potencial pesquero, por lo que el sector primario de la economía puede tener un gran desarrollo sin estar sujeto a las corporaciones y sus intereses.
Tenemos que cambiar el modelo agropecuario y en general el modelo económico para dejar atrás el viejo régimen neoliberal. Existen recursos que se pueden obtener de arreglar el problema de la deuda y modificando las políticas fiscales que favorecen a las grandes corporaciones.
Es posible hacerlo. Hagamos memoria: en tiempos de crisis siempre se ha suspendido el pago de la deuda y se desconocen deudas injustas del viejo régimen. Así ocurrió tras la Independencia, eso hicieron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y, posteriormente, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez. Tras las suspensiones se ha podido reducir el monto. En la República Restaurada, los acreedores exigían al gobierno de Juárez el pago de 450 millones, negoció el ministro de Hacienda, José María Iglesias, y bajó el adeudo a tan sólo 84 millones de pesos. Una posición firme y digna da resultados. Después, tras un período de endeudamiento acelerado durante el Porfiriato, en 1914, se suspendieron pagos de la deuda. Posteriormente Obregón y Calles, tras reconocer irresponsablemente grandes sumas, de hecho, se vieron obligados a suspender pagos. En medio de la crisis mundial de 1929, los gobiernos posrevolucionarios suspendieron el pago. Y el gobierno progresista de Lázaro Cárdenas mantuvo la suspensión. Cuando se renegoció, los acreedores exigían por deuda no pagada, más intereses, alrededor de 400 millones de dólares. Tras una gestión hábil, cedieron grandemente y la deuda quedó en 40 millones de dólares.
Hoy como ayer, tras una suspensión y nuevas políticas impositivas que graven al más rico, podemos tener todos los recursos para desarrollar la agroecología y prohibir transgénicos, glifosato y el neolatifundismo en México.
¡Sí a la Suspensión de Pagos de la Deuda! ¡No al Glifosato!
PROMOTORA PARA LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA